En medio de la creciente polémica que rodea la venta de las acciones que el Distrito de Medellín posee en UNE, un juez ha ordenado a EPM y a la Alcaldía que informen sobre el estado del proceso de enajenación de las mismas. Esta orden fue emitida en el contexto de una acción popular que busca que el proceso de venta sea transparente, sobre todo en lo que respecta a la valoración de las acciones. La medida, que busca garantizar la transparencia en una de las operaciones financieras más importantes para la ciudad, llega en un momento clave, mientras aún se espera que el Concejo de Medellín debata este asunto en una comisión accidental el próximo 11 de marzo.
El proceso de venta de UNE comenzó en agosto del año pasado, cuando el Concejo de Medellín aprobó iniciar las gestiones para enajenar las acciones de UNE que pertenecen al Distrito. Sin embargo, lo que parecía ser una operación administrativa rutinaria ha desencadenado controversias, sobre todo debido a la falta de claridad en la valoración de las acciones. En ese sentido, la acción popular tiene como objetivo forzar la divulgación de información crítica que permita a los ciudadanos y autoridades entender mejor cómo se están evaluando estas acciones, cuyo valor ha experimentado un desplome significativo en los últimos años.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín no solo ordenó a las autoridades locales que informen sobre el estado actual de la venta, sino que también les exige publicar, en un plazo de 15 días, los documentos de soporte relacionados con la valoración de las acciones de UNE realizadas entre 2020 y 2023. Según esos informes previos, las acciones fueron tasadas en un rango de entre $2,3 billones y $2,8 billones, pero la realidad actual muestra que el valor de la compañía ha caído considerablemente, acercándose a los $1,6 billones. Este colapso en el valor pone en evidencia las dificultades que atraviesa UNE, y la pregunta que surge es si esta caída afectará el precio de venta y cómo influirá en las finanzas del Distrito.
El abogado Esteban Manco Pineda, quien impulsó la acción popular, ha señalado que la falta de información clara y suficiente en torno a la venta de UNE genera dudas sobre la transparencia del proceso. Manco Pineda insiste en que, durante los debates en el Concejo de Medellín, nunca se presentó un avalúo preliminar que permitiera a los concejales conocer con precisión el valor de las acciones antes de autorizar su venta. Para él, el hecho de que no se haya proporcionado un avalúo actualizado significa que no se puede garantizar que la venta se realice al precio adecuado.
Uno de los puntos que Manco Pineda ha destacado es la diferencia entre el valor en los libros de la empresa, que en el caso de UNE fue estimado entre $1,6 billones y $1,8 billones, y el valor real que podrían tener las acciones en el mercado. En los informes previos, una firma especializada había tasado las acciones de UNE en un rango considerablemente más alto, lo que sugiere que podría haber una discrepancia importante entre lo que la ciudad espera recibir por la venta y el valor real que las acciones podrían alcanzar en el mercado. Esta diferencia es clave, ya que afecta directamente las finanzas de Medellín y, por ende, los recursos destinados a proyectos vitales para la ciudad.
Las decisiones sobre la venta de UNE también están marcadas por la incertidumbre sobre la salud financiera de la compañía. A lo largo de los últimos años, la empresa ha sufrido una serie de problemas económicos que han impactado en su valoración. Estos factores, sumados a la falta de transparencia en el proceso de venta, han generado desconfianza entre los ciudadanos, quienes temen que el Distrito no obtenga el mejor precio posible por sus acciones. Por ello, la intervención del juez y la acción popular se perciben como pasos cruciales para garantizar que el proceso se maneje con la debida diligencia y responsabilidad.
El futuro de UNE y de sus acciones es ahora una cuestión de gran interés público, no solo por el impacto económico que tendrá en Medellín, sino también por la manera en que se maneja el proceso. La decisión del juez y el eventual debate en el Concejo de Medellín serán clave para definir si el proceso de venta podrá llevarse a cabo con la transparencia necesaria. En última instancia, lo que está en juego no solo es el valor monetario de las acciones, sino también la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y en las decisiones que afectan su bienestar económico y social.
