Este lunes 5 de mayo, a las 8:30 a. m., Álvaro Uribe Vélez se sentará, por primera vez, frente al estrado como testigo en su propia defensa. No se trata de una audiencia más. Es un momento inédito en la historia reciente del país: el expresidente que marcó el rumbo de Colombia durante dos mandatos consecutivos, vuelve a la sala de audiencias de Paloquemao, no como figura política, sino como ciudadano investigado por supuesta manipulación de testigos. La democracia asiste así, en primera fila, a un proceso que pondrá a prueba no solo a un hombre, sino al sistema de justicia.
El juicio que avanza con paso firme desde hace meses entra ahora en una nueva fase. Tras la acusación formal que presentó la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2024, la defensa del ex mandatario inició el llamado “descubrimiento probatorio”, es decir, la presentación de sus testigos y peritos para rebatir los señalamientos. En total, son 77 nombres que buscarán desmontar, pieza por pieza, el caso que la Fiscalía ha construido durante años.
Como lo había anticipado, Uribe será el primero en hablar. Lo hará en persona, con su habitual tono directo, asegurando que jamás dio órdenes ni propició presiones para alterar versiones judiciales. “Por respeto a usted, a la administración de justicia y a la opinión pública, con ayuda de Dios, estaré allí”, dijo recientemente en un mensaje que busca más que posicionar su narrativa: apela a la confianza de un electorado que, en buena parte, aún lo respalda.
La defensa de Uribe apuesta por una estrategia centrada en desmontar el móvil político que, según ellos, hay detrás del caso. Alegan que se ha tejido un relato judicial con base en testimonios cuestionables, versiones manipuladas y un ánimo de retaliación. En los pasillos jurídicos ya se anticipa que las jornadas serán intensas: testigos clave, interceptaciones, análisis de contexto y más de una confrontación de versiones marcarán el tono de las próximas semanas.
En el centro del proceso está la figura de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos que ha sostenido haber recibido presiones para cambiar su versión sobre presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. La Fiscalía sostiene que personas del círculo cercano de Uribe buscaron influenciarlo, mientras la defensa argumenta que lo que hubo fue una legítima búsqueda de la verdad ante falsedades evidentes. Ese será uno de los ejes del contrainterrogatorio.
Más allá del aspecto jurídico, el juicio tiene un claro componente político. Aunque Uribe ya no ostenta cargos públicos, su influencia dentro del Centro Democrático y en buena parte del electorado colombiano sigue siendo significativa. El proceso podría redefinir no solo su legado personal, sino también la narrativa del uribismo, en momentos en que el país atraviesa una polarización intensa.
En términos judiciales, lo que se dirime es si hubo o no una conducta dolosa de parte de Uribe para alterar el curso de la justicia. Pero en términos simbólicos, lo que se juega es la credibilidad de una figura histórica y la solidez de un sistema judicial que ha sido acusado, por distintos sectores, de parcialidad tanto a favor como en contra de personajes poderosos. El país observa expectante.
Lo que empieza este lunes es más que una audiencia: es una prueba institucional, una tensión entre pasado y presente, entre la palabra y la evidencia. Uribe declarará, y con ello se abrirá un nuevo compás de incertidumbre, no solo en el estrado, sino en la historia política del país.
