Mientras la Comisión Cuarta del Senado avanza a contrarreloj en el trámite de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro decidió redoblar su ofensiva política: volvió a radicar una consulta popular, esta vez con 16 preguntas —cuatro más que las iniciales—, enfocadas principalmente en el sector salud. El movimiento, aunque legítimo desde lo legal, reabre un debate de fondo sobre los límites entre la participación ciudadana y la instrumentalización política del erario.
En medio del pulso legislativo, el mandatario escoge el camino de la plaza pública: hoy en Barranquilla encabeza un “cabildo popular”, una figura que aún busca consolidarse en la narrativa oficial como expresión de democracia directa. Sin embargo, su intención de seguir rodeando las reformas por vía popular coincide con los avances concretos del Congreso, que ya designó ponentes y abrió audiencias públicas sobre el proyecto laboral. Petro, lejos de celebrar el trámite institucional, eligió como blanco a algunos congresistas, en especial a la senadora Angélica Lozano, presidenta de la comisión.
La nueva versión de la consulta incluye preguntas sobre el acceso a medicamentos y la intermediación de las EPS, temas álgidos en la fallida reforma a la salud que ya naufragó dos veces en el Congreso. Para el Gobierno, estas preguntas buscan que el pueblo “hable directamente” y defina el rumbo de su derecho a la salud. Para sus críticos, como el exministro Alejandro Gaviria, representan una maniobra peligrosa que mezcla populismo, ambigüedad y un alto riesgo de politización del sistema sanitario.
Detrás de las preguntas, que podrían parecer de sentido común —¿quién no quiere recibir a tiempo sus medicamentos?—, se esconden decisiones estructurales de altísimo impacto. Gaviria lo resume sin eufemismos: o son un engaño, o el preludio de un desastre. Si se elimina la intermediación de las EPS para concentrar la operación en la Adres, la salud podría convertirse en botín burocrático y no en un derecho garantizado por la técnica y la eficiencia.
Este nuevo intento del Ejecutivo por convocar al pueblo no puede leerse de forma aislada: es parte de una estrategia sostenida para ejercer presión desde la calle mientras el Congreso actúa desde sus mecanismos constitucionales. Aunque legítima en el papel, la consulta no deja de generar sospechas sobre su uso como campaña paralela con fondos públicos, lo que supondría un preocupante precedente en el manejo del poder desde la Casa de Nariño.
Mientras tanto, la reforma laboral avanza. Aunque enfrenta resistencias en algunos sectores empresariales y gremiales, su trámite en el Senado muestra que el sistema democrático no está paralizado, como a veces se insinúa desde el Palacio presidencial. La diferencia es de fondo: Petro parece desconfiar de los canales tradicionales del poder, apostando por una democracia de micrófono abierto, mientras el Congreso intenta legislar en medio de la polarización y las presiones externas.
La historia contemporánea de Colombia exige madurez institucional. Las reformas sociales son necesarias y urgentes, pero su aprobación debe pasar por el filtro del debate democrático, no por el fervor del aplauso callejero. Convocar al pueblo no puede convertirse en la excusa para debilitar al Congreso ni en atajo para imponer modelos sin consensos ni planificación.
En este pulso de titanes, lo que está en juego no son sólo reformas, sino el modelo de democracia que queremos: uno donde se respeten los contrapesos y las formas, o uno donde la voluntad de un solo actor reemplace el diálogo plural. La urgencia social no puede convertirse en coartada para el autoritarismo. La historia —y el pueblo— merecen algo mejor que un juego de todo o nada.
