A medida que el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta los desafíos de sus reformas, una de las más polémicas y esperadas parece acercarse a un destino incierto. La reforma a la salud, que comenzó como un proyecto insignia de la administración actual, podría enfrentarse a un nuevo fracaso legislativo en la Comisión Séptima del Senado, el mismo escenario donde hace un año se hundió la reforma laboral. Los ojos del país están puestos sobre este proceso, no solo por sus implicaciones para el sistema de salud, sino también por las estrategias políticas que se tejen detrás de su futuro.
El presidente Petro y varios de sus ministros ya dan por hecho que el proyecto de salud será nuevamente rechazado por la Comisión. En una reciente entrevista, el ministro del Interior, Armando Benedetti, no dudó en confirmar que están preparados para la derrota, aunque no cierra la puerta a que el debate continúe en la Comisión. El Gobierno parece tener pocas ilusiones respecto a su aprobación en el Congreso, pero también sabe que no todo está perdido. De hecho, fuentes cercanas al Ejecutivo afirman que el verdadero objetivo podría ser convertir este revés legislativo en una herramienta de presión política, reforzando la narrativa de un «bloqueo institucional» que justifique la necesidad de una consulta popular.
Este enfoque del Gobierno no es nuevo, ya que el presidente Petro ha sido claro en señalar que no necesita del Congreso para llevar a cabo su reforma a la salud. En un acto reciente en Norte de Santander, Petro dejó en claro su postura: “No necesitamos del Congreso para reformar la salud”. De acuerdo con el mandatario, el sistema de salud podría transformarse bajo las leyes actuales, con solo voluntad política y la implementación de audacia ejecutiva. Para Petro, el Congreso parece ser más un obstáculo que una vía de solución, lo que refuerza la idea de un Gobierno dispuesto a recurrir a mecanismos excepcionales como los decretos, incluso si eso implica eludir la tradicional tramitación legislativa.
Sin embargo, el plan de utilizar decretos para impulsar la reforma tiene sus propios riesgos. Aunque el Gobierno tiene la posibilidad de actuar de manera unilateral en algunos aspectos del sistema de salud, la idea de imponer cambios sin el respaldo del Congreso podría resultar contraproducente, tanto en términos de legitimidad como de efectividad. Este dilema se agudiza en un contexto en el que el sistema de salud enfrenta serios problemas de escasez de medicamentos y fallas en la atención, lo que ha generado una creciente preocupación entre la ciudadanía.
Además, la estrategia de Petro de recurrir a una consulta popular podría convertirse en un arma de doble filo. A pesar de que la consulta le permitiría ganar apoyo popular para su reforma, también se enfrenta a la posibilidad de que los sectores opositores fomenten el abstencionismo, debilitando el mandato del presidente. En el Gobierno, algunos temen que los lobbies de los grupos interesados en mantener el statu quo en el sector salud puedan movilizar a la opinión pública en contra de la consulta, e incluso evitar que se apruebe su convocatoria en el Senado. La división dentro del Congreso sobre cómo tratar la reforma es un indicio de la complejidad del proceso.
La consulta popular, pensada inicialmente como una solución para agilizar el proceso, podría terminar siendo más problemática de lo esperado. Aunque el Ejecutivo trabaja junto a las carteras de Trabajo e Interior para definir las preguntas que se plantearán en el plebiscito, algunos temen que el contexto actual de crisis en la salud haga más difícil movilizar a la ciudadanía en favor de la reforma. Las implicaciones de incluir temas tan complejos como la escasez de medicamentos en la consulta podrían generar una fuerte resistencia, no solo por parte de los opositores políticos, sino también de la misma población afectada por los problemas del sistema.
El debate interno dentro del Gobierno es claro: la consulta popular debe ser lo suficientemente específica para evitar que se diluya en generalidades, pero también debe manejarse con cautela para no agitar más el malestar social. Los funcionarios de la administración Petro parecen tener claro que es vital definir con precisión las preguntas, para que no se conviertan en un campo de batalla ideológico sin un resultado claro. En este sentido, la estrategia de reducir los temas a preguntas directas como “sí” o “no” podría ser un intento por mantener el control, evitando que el referéndum se transforme en un debate sobre otros aspectos del Gobierno.
El escenario político actual, con la reforma a la salud atrapada en un limbo legislativo, plantea muchas incertidumbres para el futuro de la administración de Gustavo Petro. ¿Será este el fin de una de las reformas más ambiciosas de su Gobierno? ¿O simplemente una estrategia para capitalizar sobre la imagen de un Ejecutivo que lucha contra las trabas del sistema? Lo que es claro es que, más allá de las derrotas en el Congreso, el Gobierno sigue buscando alternativas para implementar cambios profundos en el sistema de salud. Sin embargo, las decisiones que tome en los próximos días podrían ser determinantes no solo para su mandato, sino también para el rumbo político del país.
