La historia reciente de Savia Salud es la de una intervención prolongada que, en lugar de ser remedio, parece haberse convertido en enfermedad crónica. Este 29 de mayo, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución Ejecutiva 164 de 2025, prorrogó por un año más la intervención forzosa administrativa sobre esta EPS del régimen subsidiado, que atiende a más de 1,6 millones de personas en Antioquia. Será el tercer año consecutivo de tutela estatal sobre una entidad que, lejos de mejorar, sigue ahogándose en deudas y deterioro institucional.
La medida, firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, extiende la intervención hasta el 16 de junio de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud ha defendido la decisión como un mal necesario: sin intervención, dicen, el colapso sería inmediato y pondría en riesgo la vida de cientos de miles de usuarios, especialmente de los más vulnerables. Pero a la luz de los resultados, la intervención no ha sido la tabla de salvación que se prometió. Ni las cifras financieras mejoran, ni los servicios se estabilizan.
Hoy, Savia Salud acumula pasivos por más de $1,2 billones, y su cráter financiero sigue creciendo. Según los estados financieros reportados por la interventoría a la Contaduría General de la Nación, con corte a 2024, los pasivos aumentaron en $280.269 millones respecto al año anterior: un incremento del 28,9%. La intervención no ha detenido la hemorragia, sino que ha contribuido a un sistema aún más ineficaz y costoso, sin soluciones de fondo ni una estrategia clara de recuperación.
A ese hundimiento financiero se suma un fenómeno igual de alarmante: el alza sostenida de los gastos administrativos. Solo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, estos aumentaron un 17,25%, al pasar de $95.731 millones a $112.243 millones. En paralelo, la deuda con hospitales públicos se disparó, dejando a instituciones esenciales en situación crítica. A febrero pasado, Savia le debía $126.281 millones al hospital La María, $44.504 millones al San Rafael de Itagüí, $58.136 millones al Marco Fidel Suárez de Bello, entre otros.
La inestabilidad institucional también ha sido un lastre. En marzo de este año, la Superintendencia anunció el tercer interventor en dos años: Luis Óscar Gálvez Mateus. Su llegada estuvo lejos de significar una bocanada de aire fresco. Carga un pesado prontuario de cuestionamientos, entre ellos una investigación de la Procuraduría en 2019 por presuntos malos manejos en el hospital de Villavicencio durante su gestión como agente interventor. Según los informes del Ministerio Público, su paso por esa entidad no sólo no resolvió problemas, sino que generó nuevas irregularidades contractuales y administrativas.
Con este panorama, la prórroga de la intervención parece más un reconocimiento del fracaso que una hoja de ruta hacia la recuperación. Los usuarios siguen atrapados en un sistema que no les responde, los hospitales en la incertidumbre de unas carteras impagables, y la EPS intervenida en manos de gestores cuyo pasado no inspira confianza. La pregunta que se impone es: ¿hasta cuándo se va a postergar una verdadera solución?
Lo que necesita Savia Salud no es otra prórroga, sino una cirugía estructural. Mientras tanto, millones de afiliados siguen esperando atención oportuna y digna, y el departamento de Antioquia, cuyo sistema de salud se tambalea, sigue siendo rehén de una intervención sin resultados, sin liderazgo confiable y sin horizonte claro. Porque en salud, las soluciones que no curan también enferman.
