Las emblemáticas pastelerías Santa Elena, símbolo del sabor y la tradición paisa, atraviesan un momento delicado que ha puesto en juego su estabilidad financiera. Con más de 70 años deleitando el paladar de los colombianos, este negocio ha sido un referente no solo de la pastelería local, sino de una cultura gastronómica que ha logrado combinar la herencia extranjera con ingredientes propios. Sin embargo, los desafíos que enfrentan este año son grandes, y la decisión de acogerse a la ley de reorganización empresarial, en manos de la Superintendencia de Sociedades, marca un punto de inflexión crucial para el futuro de la compañía.
En un país donde la identidad paisa está tan arraigada en cada rincón, la noticia de la reorganización empresarial de Santa Elena causó inquietud entre los consumidores y trabajadores. Este proceso no es una señal de declive, sino una oportunidad para fortalecer la estructura financiera de la compañía y superar las dificultades que, lamentablemente, han afectado a muchos en la industria gastronómica. Con una deuda que alcanzó un 85,5% en 2023, la empresa busca encontrar una salida viable que permita continuar su legado.
El panorama no es nuevo para la industria gastronómica. El alza desmesurada de los costos de producción, junto con una caída generalizada del consumo, ha puesto a muchas empresas al borde de la quiebra. Según datos recientes, alrededor de 1.600 establecimientos de comida cerraron sus puertas entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, reflejando una crisis que no solo afecta a las grandes cadenas, sino también a los negocios de tradición. En este contexto, Santa Elena no ha sido ajena a los efectos de la inflación, ni a los nuevos impuestos que gravan los productos ultraprocesados, como los dulces, cuyo impacto es difícil de absorber por empresas como la suya.
El nuevo «impuesto saludable» impuesto a finales de 2023 ha sido un factor determinante en el deterioro de la situación financiera de las pastelerías Santa Elena. Este gravamen, que alcanza un 20% en el caso de los productos ultraprocesados, ha incrementado considerablemente los costos, forzando a la empresa a elegir entre subir precios o reducir márgenes. Carlos Esteban Villa, gerente general de la compañía, explica que, aunque la filosofía detrás de este impuesto es entendible, su implementación ha sido difícil. No es posible trasladar todos los costos adicionales al consumidor, pues el mercado tiene límites y, como él mismo señala, mantener los precios competitivos es esencial para la supervivencia del negocio.
A este panorama se suma un incremento en los costos laborales, que ha resultado de los aumentos salariales de 2023 y 2024, y de la reducción en las horas laborales. En 2023, el salario mínimo aumentó un 16%, y en 2024 se prevé una subida del 12%. Esto ha generado una presión adicional sobre los márgenes de la empresa, que ya de por sí venían comprometidos por la inflación. Para las pastelerías, la mayor carga ha sido la contratación y la retención de personal en medio de una economía que no da tregua.
Santa Elena, pese a todo, ha logrado mantener su estructura laboral, evitando despidos masivos gracias a un esfuerzo consciente por preservar el empleo. Sin embargo, la situación se tornó insostenible en 2024. Para evitar la quiebra, la junta directiva decidió tomar la decisión estratégica de acogerse a la ley de reorganización empresarial, lo que permitirá a la compañía congelar sus pasivos por unos meses y renegociar con los acreedores los términos de los pagos.
El proceso de reorganización tiene como objetivo proporcionar un respiro a la compañía y permitirle sanear su situación financiera. Con esta decisión, Santa Elena busca asegurar que sus franquicias sigan operando, ya que la fábrica que distribuye los productos a los puntos de venta es la que ingresó al proceso y no las franquicias mismas. Este modelo de franquicias, que le ha permitido expandir su presencia en todo el país, es un factor clave en el plan de recuperación.
La reestructuración también contempla acuerdos con proveedores, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y entidades bancarias, con el fin de flexibilizar las condiciones de pago. Esta medida se presenta como una salida viable para una empresa que, a pesar de las adversidades, sigue siendo un referente de calidad y tradición en el ámbito de la pastelería colombiana. Lo que está en juego no solo son las cifras, sino el legado de una marca que ha acompañado a generaciones de colombianos, y cuyo futuro, aunque incierto, puede verse renovado si logra superar esta difícil etapa.
