La justicia colombiana se prepara para uno de los momentos más delicados del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en 2023. Sandra Ortiz, quien fuera consejera presidencial para las Regiones, será formalmente acusada el próximo 12 de junio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, según lo determinó el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá.
Aunque la diligencia estaba programada para este 10 de abril, la defensa de Ortiz solicitó, por segunda vez, su aplazamiento. El argumento presentado fue que aún se esperan avances en las negociaciones con la Fiscalía para alcanzar un principio de oportunidad, en el que la exfuncionaria entregaría información clave a cambio de una suspensión temporal del proceso penal. La justicia, sin embargo, fue enfática: es la última prórroga concedida.
El caso de Sandra Ortiz ha generado una ola de reacciones en los círculos políticos de Bogotá y regiones, no solo por la gravedad de los cargos, sino por la cercanía que mantuvo con la Casa de Nariño durante los primeros meses del actual gobierno. Su papel como enlace directo con las regiones la convirtió en una figura visible, con una influencia que ahora, paradójicamente, es el centro de las investigaciones.
La exconsejera, según los investigadores, habría intervenido de manera directa en la red de corrupción que se tejió en torno a los contratos de la UNGRD, una entidad que paradójicamente fue creada para atender emergencias, pero que terminó convertida en un epicentro de intereses particulares y manejos irregulares de los recursos públicos.
El abogado Oswaldo Medina, defensor de Ortiz, señaló que su cliente está dispuesto a colaborar, pero que la interlocución con la Fiscalía se ha visto interrumpida, lo que ha entorpecido el posible acuerdo. La Fiscalía, por su parte, se mantiene cauta y no ha confirmado avances concretos hacia un principio de oportunidad. Lo cierto es que el tiempo corre y la audiencia del 12 de junio se perfila como el punto de no retorno.
Para la opinión pública, el caso se ha convertido en un termómetro del compromiso institucional contra la corrupción. ¿Será Sandra Ortiz una ficha clave para desmontar una estructura mayor? ¿O se tratará de una cabeza simbólica que cae mientras los verdaderos responsables continúan al margen de la justicia?
Este escándalo, además, vuelve a poner bajo la lupa la debilidad de los controles internos en entidades encargadas de manejar billonarios recursos de emergencia. La UNGRD, que debería estar al servicio de las víctimas de desastres naturales, terminó como escenario de acuerdos oscuros y tráfico de favores políticos, lo que agrava la indignación ciudadana.
En medio de la expectativa por la acusación, lo cierto es que el país espera más que un juicio individual: exige una señal clara de que los tentáculos de la corrupción no seguirán intactos en las esferas más altas del poder. Y en ese tablero judicial, Sandra Ortiz ya no es solo una exconsejera: es una pieza clave de una verdad que aún busca luz.
