Una mujer que se hizo un nombre enfrentando a paramilitares, fiscales corruptos y generales intocables no renuncia por capricho. Ángela María Buitrago, la llamada “fiscal de hierro”, se va del Ministerio de Justicia no por falta de voluntad ni de experiencia, sino por algo más corrosivo y persistente: la presión clientelista. Una red de intereses que, según su denuncia, buscó modelar la cartera con nombramientos políticos disfrazados de necesidades técnicas. Y ella se negó.
Su salida fue discreta en las formas, pero ruidosa en el fondo. La carta de renuncia, firmada el pasado 12 de abril y revelada esta semana, confirma lo que ya se murmuraba en los pasillos del poder: que desde hace meses intentaba alertar al presidente Gustavo Petro sobre lo que ocurría en su despacho. No fue escuchada. No logró reunirse con él. “Ante la prolongación de sus viajes”, escribió, “preferí pasar mi carta de renuncia de inmediato”.
La historia no es nueva, pero el personaje sí. Buitrago no es una ministra improvisada ni una ficha política. Es una jurista reconocida, con trayectoria en el sistema penal acusatorio, recordada por su papel en la investigación de la masacre de Jamundí y por encarar a estructuras criminales enquistadas en el Estado. Aceptó el cargo con la promesa de transformar la justicia, pero lo que encontró fue una batalla distinta: la de sobrevivir a la presión de quienes querían usar su despacho como cuota de poder.
Según fuentes cercanas a la exministra, entre los protagonistas de esas presiones estarían el exembajador Armando Benedetti y Laura Sarabia, actual directora del DAPRE. Las solicitudes eran concretas: despedir funcionarios de carrera y abrir espacio para perfiles sin experiencia, pero con respaldo político. Buitrago se negó, y su negativa fue, al parecer, su sentencia. En un gabinete donde la lealtad se mide en silencios, su coherencia tuvo un alto costo.
La renuncia de Buitrago, sin embargo, no es solo una derrota personal. Es un síntoma preocupante de lo que ocurre al interior del Gobierno. En momentos en los que Gustavo Petro reclama apoyo para una “revolución democrática”, pierde una de sus funcionarias más técnicas y éticamente intachables. Una mujer que, con todas sus credenciales, no encontró espacio para hacer justicia desde el Ministerio de Justicia.
La ironía es inevitable. Un Gobierno que se dice del cambio, pero que permite que sobrevivan las viejas prácticas del clientelismo, se contradice a sí mismo. Y cuando esas prácticas se imponen sobre la meritocracia, lo que queda no es gobernabilidad, sino desgaste. La renuncia de Buitrago no ocurre en el vacío: llega cuando el Gobierno ha perdido otras batallas legislativas, cuando la consulta popular fue derrotada en el Congreso y cuando crece el escepticismo sobre su rumbo.
Queda en el aire una pregunta incómoda: ¿cuántos más dentro del gabinete han tenido que ceder, callar o marcharse para que las redes de poder sigan intactas? Buitrago decidió hablar, aunque tarde. Su gesto no cambia el sistema, pero sí lo deja al desnudo. Y en medio del ruido político, es de esos gestos que resuenan más que mil discursos.
A partir del 1 de junio, el Ministerio de Justicia tendrá una nueva cabeza. Pero la salida de Ángela María Buitrago no se mide solo por la silla que deja vacía. Es una señal clara de que, incluso en el Gobierno del cambio, la justicia sigue teniendo enemigos internos. Y que a veces, el silencio presidencial también pesa como una renuncia.
