El jueves 6 de marzo de 2025 se dio un paso decisivo en la tramitación de la reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La propuesta logró superar su segundo debate en la Cámara de Representantes, lo que la acerca a su aprobación definitiva. Con este avance, la reforma atraviesa una etapa crucial en su largo recorrido legislativo, pero aún le restan dos debates importantes: uno en el Senado y otro en la Comisión Séptima, donde la iniciativa podría enfrentar nuevos retos.
A pesar de las intensas discusiones y los intentos de aplazar el proceso por parte de la oposición, la intervención del ministro del Interior, Armando Benedetti, resultó determinante para contrarrestar los bloqueos y asegurar que el debate continuara su curso. Su presencia en la plenaria de la Cámara de Representantes fue clave para la aprobación de los artículos que conforman el corazón de la reforma, un proyecto que tiene como objetivo transformar profundamente el sistema de salud colombiano.
Entre los puntos más destacados aprobados en esta jornada se encuentra la propuesta de convertir a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el pagador único del sistema. Esta medida busca centralizar la administración de los recursos de salud en una única entidad, eliminando las multiplicidad de actores que, según los defensores de la reforma, generan ineficiencia y opacidad en el manejo del dinero destinado a la atención sanitaria de los colombianos.
Otro de los elementos más controversiales es la transformación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en entidades gestoras de salud. Este cambio ha sido uno de los más debatidos y genera gran expectación, ya que plantea una reconfiguración de las funciones de estas instituciones, que pasarían de ser intermediarias entre los usuarios y los proveedores de salud, a cumplir un rol más directamente relacionado con la gestión y coordinación de los servicios de salud en el país.
La reforma no solo busca reorganizar las estructuras administrativas del sistema de salud, sino también garantizar una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos. Para ello, el proyecto introduce una serie de medidas para ampliar la cobertura del sistema público y reducir las desigualdades que aún existen en la atención sanitaria, especialmente en las zonas más apartadas del país. A través de este enfoque, el gobierno pretende que los colombianos, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica, puedan acceder a una atención médica de calidad.
El paso siguiente será la discusión en la Comisión Séptima del Senado, donde el proyecto podría enfrentar un panorama similar al de 2024, cuando una iniciativa similar fue archivada tras intensos debates y desacuerdos. Los congresistas deberán analizar minuciosamente cada uno de los puntos aprobados en la Cámara y considerar los ajustes que podrían ser necesarios antes de que la reforma llegue a su etapa final.
El debate sobre la reforma a la salud no es solo un asunto político, sino también social. La opinión pública está dividida entre quienes consideran que es urgente una transformación del sistema para garantizar una atención más justa y universal, y quienes temen que los cambios propuestos puedan desestabilizar un sistema que, aunque imperfecto, ha garantizado la cobertura a millones de colombianos.
En los próximos días, se prevé que las discusiones en el Senado sean aún más intensas. Con la reforma a la salud en sus etapas finales, el país estará a la expectativa de si esta iniciativa logrará superar los últimos obstáculos legislativos y convertirse en ley, o si, por el contrario, el camino hacia su implementación se verá interrumpido por las fuertes divisiones que aún persisten en torno a su contenido. Lo que está claro es que el futuro del sistema de salud en Colombia está en juego, y su desenlace definirá el rumbo de la atención médica para millones de ciudadanos.
