La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso firme en la investigación de las graves denuncias de violencia sexual y maltratos contra las reclusas de la cárcel El Pedregal en Medellín. Tras recibir alarmantes testimonios y pruebas sobre los abusos cometidos por miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, el organismo de control ha exigido explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y ha instado a la implementación de medidas urgentes para garantizar la seguridad y la dignidad de las internas.
En una reciente reunión con representantes del Inpec y de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría confirmó que está avanzando en la investigación de dos presuntos casos de violencia sexual ocurridos en 2024. A estos se suman las denuncias de un enfrentamiento entre guardianes y reclusas en el mes de febrero de este año, donde se habría empleado un uso excesivo de la fuerza, dejando al menos 30 mujeres heridas, algunas de gravedad. Estos hechos han causado indignación en la sociedad, especialmente por la aparente indiferencia de las autoridades penitenciarias frente a los derechos de las privadas de libertad.
Uno de los puntos más preocupantes de la investigación es que la custodia del pabellón femenino sigue siendo responsabilidad de los guardianes hombres, a pesar de que esto representa un riesgo claro para la seguridad y el bienestar de las reclusas. Este hecho ha sido señalado como una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres que, por su condición de internas, se encuentran en una situación de total dependencia y vulnerabilidad. La Procuraduría ha insistido en la necesidad de que la custodia de las mujeres sea exclusivamente responsabilidad de mujeres guardianas, un aspecto fundamental para evitar el abuso de poder y proteger la integridad de las internas.
Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría ha tomado medidas inmediatas. Se destituyó al subdirector de El Pedregal, quien en el momento de los hechos estaba al frente del penal, así como al director titular, quien fue trasladado a la cárcel de Yarumal en Antioquia. Además, los guardianes implicados en los casos de violencia sexual han sido reubicados en otros centros penitenciarios mientras continúan las investigaciones disciplinarias. Estas acciones buscan asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, al tiempo que se restablece la confianza en las autoridades del sistema penitenciario.
Por otro lado, se ha tomado la decisión de reubicar a las víctimas de estos abusos en otros centros penitenciarios, donde se encuentran protegidas mientras avanzan las indagaciones. Sin embargo, en su visita reciente a la cárcel, la Procuraduría constató que algunas de las reclusas heridas, quienes sufrieron golpes y exposición a gases lacrimógenos, no habían sido remitidas a centros de salud externos, a pesar de la gravedad de sus lesiones. Esta falta de atención médica oportuna agrava aún más la situación y pone en evidencia la negligencia de las autoridades penitenciarias.
La situación de los derechos humanos en El Pedregal ha causado una fuerte preocupación, y las acciones del Inpec no han sido suficientes para garantizar la protección de las internas. La falta de respuesta a las denuncias, incluida la aparente desatención de las quejas presentadas ante la Policía Judicial del Inpec, ha generado un clima de desconfianza y desesperanza entre las reclusas. La Procuraduría ha instado a las autoridades a garantizar que todas las denuncias sean recibidas y procesadas de acuerdo con la ley, sin obstrucciones ni dilaciones.
En una medida que refleja el compromiso de la Procuraduría por la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, el Inpec se comprometió a agilizar las remisiones médicas de las mujeres afectadas y a tomar acciones inmediatas para garantizar que las denuncias de abuso sean escuchadas y procesadas con la debida diligencia. Asimismo, el Inpec anunció el traslado de un contingente de 40 guardianas para reforzar la custodia del pabellón femenino, con el objetivo de prevenir futuros abusos.
Finalmente, la Procuraduría dejó claro que no cesará en su labor de vigilancia y control, y que la información recabada será puesta a disposición del eje disciplinario de la entidad para que se tomen las decisiones correspondientes. Este caso resalta la necesidad urgente de una reforma en el sistema penitenciario colombiano, especialmente en lo que respecta a la atención y protección de las mujeres en prisión, quienes continúan siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos en condiciones de total vulnerabilidad.
