En una maniobra que ya empieza a generar suspicacias, la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios, fue nuevamente aplazada. Esta vez, la decisión de reprogramar el proceso fue tomada por el Juzgado 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en respuesta a una solicitud del abogado de uno de los exsecretarios implicados en el caso. De esta forma, el proceso que investiga los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción sigue sin avances concretos.
Este nuevo aplazamiento no es un hecho aislado. El pasado 25 de marzo, la audiencia programada para esa fecha también fue suspendida, en ese caso por la incapacidad de uno de los abogados defensores de asistir, debido a un compromiso previo en la Corte Suprema de Justicia. Las razones de los aplazamientos han sido variadas, pero lo que parece claro es que la defensa de los involucrados en el escándalo de Aguas Vivas está empleando una estrategia que ha logrado generar importantes retrasos en el curso de la justicia.
En esta ocasión, fue el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers quien solicitó la reprogramación debido a un conflicto de agenda con otras audiencias programadas en el municipio de La Ceja. El abogado, quien representa al exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, argumentó que no podría asistir a la audiencia del 1 de abril porque ya tenía compromisos judiciales en el juzgado de La Ceja, que, según el documento oficial, habían sido fijados desde noviembre de 2024.
El hecho de que los abogados defensores estén utilizando este tipo de recursos plantea una pregunta clave: ¿Hasta qué punto la estrategia de los aplazamientos afecta la transparencia y el ritmo del proceso judicial? El caso Aguas Vivas se ha convertido en uno de los escándalos de presunta corrupción más resonantes de la administración de Quintero, por lo que las demoras en la formulación de imputación no solo prolongan la incertidumbre, sino que también ponen en entredicho la eficacia del sistema judicial para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
El impacto de este retraso es significativo, especialmente cuando se considera el contexto político y social en el que se desarrolla el caso. En Medellín, y en el país en general, la corrupción en las esferas del poder público ha generado un creciente descontento entre los ciudadanos. Este tipo de escándalos alimentan la desconfianza en las instituciones, lo que hace que muchos se pregunten si los intereses personales y las estrategias legales están primando sobre la justicia.
Por otro lado, el abogado de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, también ha solicitado más tiempo para preparar su defensa, lo que sugiere que las tácticas de dilación están siendo empleadas por todos los involucrados. Esta situación podría interpretarse como una respuesta defensiva ante las graves acusaciones, pero también como un reflejo de cómo las piezas del sistema judicial pueden ser manipuladas para alargar los plazos de resolución. En cualquier caso, el resultado es que los ciudadanos siguen esperando que la justicia actúe.
Lo que resulta paradójico es que este tipo de maniobras ocurre en un caso que involucra la administración pública, donde la eficiencia y la transparencia deben ser fundamentales. El caso Aguas Vivas no solo es un juicio de responsabilidad individual, sino también un reflejo de las tensiones que existen entre la justicia y los intereses políticos, económicos y legales de los actores involucrados.
El aplazamiento de la audiencia es solo un capítulo más en la larga espera por ver si la justicia alcanzará a quienes, presuntamente, se beneficiaron de manera ilícita con contratos públicos durante la administración de Quintero. Mientras tanto, la opinión pública se mantiene expectante, conscientes de que cada nuevo aplazamiento representa no solo una demora en el proceso judicial, sino también una oportunidad más para que los involucrados en el escándalo Aguas Vivas sigan evitando enfrentar las consecuencias de sus actos.
