La construcción de la megacárcel de El Salvador, bajo la dirección del presidente Nayib Bukele, ha sido un tema de debate no solo en América Central, sino también en otros países de la región. La estructura, diseñada para albergar a miles de pandilleros, ha sido considerada una respuesta drástica pero efectiva contra la criminalidad, en un país que vivía sumido en una ola de violencia sin precedentes. En Colombia, la idea de replicar este modelo ha cobrado fuerza en varios sectores de la política y la sociedad, especialmente aquellos que claman por soluciones rápidas y contundentes para reducir la violencia y el crimen organizado.
El impacto positivo que Bukele ha logrado en términos de seguridad, al reducir significativamente las cifras de delitos en El Salvador, ha causado que muchos vean en su enfoque una posible fórmula para enfrentar los problemas de inseguridad en otras naciones. Sin embargo, la pregunta de si este modelo podría ser implementado con éxito en Colombia es compleja y está lejos de tener una respuesta clara. Aunque ambos países enfrentan altos índices de criminalidad, las circunstancias y los contextos sociales, políticos y culturales son profundamente distintos.
En una reciente intervención, Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador, habló sobre la posibilidad de replicar el modelo de su país en Colombia. Guzmán fue enfático al señalar que los contextos de ambos países son radicalmente diferentes. Según él, «El Salvador tenía unos fenómenos criminalísticos totalmente distintos a los que tiene Colombia», subrayando que las dinámicas de violencia y las estructuras de las organizaciones criminales no son equiparables.
En efecto, El Salvador ha sufrido durante años un asedio de pandillas como la MS-13 y Barrio 18, grupos que han operado con gran impunidad, sumidos en una violencia territorial que afecta principalmente a los barrios más empobrecidos. Por su parte, Colombia enfrenta una complejidad aún mayor, con un crisol de actores armados ilegales que van desde las disidencias de las FARC, hasta el ELN, el Clan del Golfo y grupos dedicados al narcotráfico. La estructura de los grupos armados y la incidencia del narcotráfico en la violencia hace que la respuesta no pueda ser tan sencilla.
Además, la propuesta de replicar una megacárcel en Colombia se enfrenta a una cuestión crucial: la infraestructura carcelaria del país. A pesar de ser uno de los países con mayores tasas de hacinamiento carcelario en América Latina, Colombia todavía no cuenta con la capacidad de albergar a los miles de reclusos necesarios para replicar un modelo como el de El Salvador. Según datos oficiales, las cárceles colombianas están por encima del 100% de su capacidad, lo que genera un grave problema de hacinamiento, inseguridad y violación de derechos humanos.
La implementación de una megacárcel en Colombia también debería tomar en cuenta los principios fundamentales del derecho penal y el respeto a los derechos humanos. En El Salvador, la situación ha sido criticada por organismos internacionales, que alertan sobre el trato inhumano que reciben los reclusos en las megacárceles, algo que podría resultar aún más controversial en un país como Colombia, con una historia marcada por la violencia institucional y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otro lado, la idea de «mano dura» frente a la criminalidad ha sido un tema recurrente en la política colombiana, especialmente en periodos de crisis de seguridad. Sin embargo, la historia reciente del país demuestra que las soluciones exclusivamente punitivas rara vez han resuelto los problemas estructurales de la violencia. El conflicto armado interno, la desigualdad social y la pobreza, factores que alimentan la violencia, requieren un enfoque integral que vaya más allá del simple encarcelamiento masivo.
En este sentido, aunque el modelo de Bukele haya mostrado resultados inmediatos en términos de reducción de la criminalidad, su eficacia en Colombia dependería de una serie de factores que van mucho más allá de la construcción de un centro penitenciario. La prevención, la reinserción social y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad son aspectos que deben ser contemplados en cualquier política contra el crimen organizado.
Finalmente, la experiencia de El Salvador debe servir como una lección que impulse a Colombia a reflexionar sobre cómo enfrentar el crimen de manera más efectiva. Más allá de replicar un modelo específico, el país necesita un enfoque que respete los derechos humanos y que ofrezca soluciones sostenibles, sin caer en medidas que perpetúen la violencia. En lugar de buscar la solución en un solo proyecto, Colombia debe apostar por un enfoque holístico que ataque las causas estructurales de la criminalidad, garantizando una paz duradera para sus ciudadanos.
