La política exterior colombiana, que debería ser territorio de unidad y visión estratégica, se ha convertido en escenario de un nuevo choque interno dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez, el epicentro de la controversia es la cancelación abrupta de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por la canciller Laura Sarabia, para revisar un memorando de entendimiento con China, un documento que podría marcar un giro relevante en las relaciones bilaterales.
Sarabia había citado, con carácter extraordinario, a expresidentes y legisladores para analizar los términos de la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto geoeconómico liderado por Beijing. El gesto, de corte institucional, buscaba dar peso político y técnico a un acuerdo que compromete al país en el largo plazo. Sin embargo, la convocatoria fue desautorizada de forma tajante por el presidente Petro, quien recordó públicamente que la política exterior la define exclusivamente el jefe de Estado.
Lo que pudo haber sido un ejercicio de consulta y legitimación, terminó en un desaire político. Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro envió un mensaje directo y sin matices: “La política exterior la manejo yo”. Con esas palabras, desactivó la reunión, pero también expuso una tensión latente dentro del Gobierno entre la búsqueda de institucionalidad de su canciller y su visión vertical del poder presidencial.
Este episodio no es aislado. Marca una tendencia cada vez más visible en la relación entre Petro y sus funcionarios de confianza: autonomía limitada, decisiones centralizadas y una desconfianza implícita hacia los canales tradicionales del Estado. En este caso, lo que estaba en juego no era solo una reunión, sino el papel que juega la Cancillería en la proyección internacional del país.
El memorando con China, que ha generado inquietud en sectores del Congreso y la academia, plantea preguntas importantes sobre soberanía, dependencia económica y orientación geopolítica. Por eso, la intención de Sarabia de consultar a la Comisión Asesora tenía lógica técnica y respaldo constitucional. La Ley y la tradición diplomática recomiendan escuchar diversas voces cuando se trata de decisiones de alcance internacional. El presidente, sin embargo, prefirió una línea directa con Beijing.
Este cortocircuito en la cúpula diplomática revela también las fisuras en la comunicación interna del Gobierno. Sarabia, considerada una de las figuras más cercanas al presidente, no habría actuado sin una lectura institucional del momento. Su iniciativa, más allá del procedimiento, buscaba blindar políticamente un acuerdo que ya despierta suspicacias por el creciente rol de China en América Latina. Su cancelación deja en el aire no solo dudas sobre el contenido del memorando, sino sobre el método con que se toman decisiones estratégicas.
Desde el Congreso, ya se escuchan voces que piden mayor transparencia sobre el alcance del acuerdo con China. La oposición exige claridad sobre sus implicaciones comerciales y diplomáticas, y algunos sectores advierten sobre una posible dependencia excesiva del gigante asiático. En ese contexto, la falta de deliberación en escenarios institucionales alimenta la desconfianza.
Lo que debía ser una cita para el diálogo terminó en una muestra más del personalismo que caracteriza la actual administración. Y mientras el presidente prepara maletas para su próximo viaje a China, la Cancillería —reducida a una oficina operativa— observa desde el margen. ¿Qué papel jugará Colombia en el nuevo mapa de poder global? Por ahora, la respuesta parece depender de una sola voz.
