La energía eléctrica ha sido un tema recurrente en la agenda del gobierno de Gustavo Petro, especialmente en la región Caribe, donde los costos del servicio se han convertido en una carga insostenible para muchos hogares y empresas. En un consejo de ministros celebrado el pasado lunes 7 de abril, el presidente Petro confirmó que su administración ya está trabajando en un decreto para aplicar una opción tarifaria que permitirá saldar la deuda pendiente generada por los altos costos del servicio en la Costa. Esta medida, que afecta principalmente a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales, tiene como objetivo resolver una deuda que ha quedado como herencia del anterior gobierno.
Durante el consejo, Petro detalló que el trabajo del Gobierno está orientado a estructurar un mecanismo mediante el cual los usuarios de los estratos más altos, quienes tradicionalmente han tenido mayor capacidad de pago, asumirán el costo de esta deuda. La medida busca que no sean los sectores más vulnerables los que paguen los efectos de una deuda que, según el presidente, fue heredada de las decisiones del gobierno de Iván Duque, quien había creado la opción tarifaria que ahora ha dejado al Estado con un considerable pasivo en el sector energético.
La propuesta del Gobierno de Petro no es nueva. Desde la gestión del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ya se había planteado la necesidad de que los estratos más altos contribuyeran a saldar esta deuda, un punto que fue parte de los elementos contemplados en el fallido proyecto de ley de financiamiento. Aunque la iniciativa no avanzó en su momento, la situación ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto y buscar soluciones a corto plazo.
Según los cálculos presentados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se han saldado hasta ahora 923 mil millones de pesos de los compromisos derivados de los subsidios de energía. Además, se espera que para este mes de abril se realice un abono adicional de 400 mil millones de pesos. Sin embargo, la deuda generada por la opción tarifaria impuesta por Duque sigue siendo un problema sin resolver. El presidente Petro expresó que, aunque la situación no es la ideal, el Gobierno está tomando las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos y que no queda otra opción que asumir el costo de este déficit.
El mandatario resaltó que, aunque la deuda es pesada y no fue originada por su gobierno, los colombianos en estratos más altos deberán asumir su parte. En este sentido, Petro comparó la situación con la de los usuarios de gasolina, quienes también han contribuido al pago del déficit de Ecopetrol. La medida, si bien no es popular entre ciertos sectores de la sociedad, se considera necesaria para garantizar la estabilidad financiera del sistema energético y evitar que los costos sigan afectando a los sectores más vulnerables.
Este ajuste en las tarifas no solo tiene repercusiones económicas, sino también sociales y políticas. Las comunidades de la Costa Caribe, que han sido históricamente las más afectadas por los altos costos de la electricidad, podrían ver una mejora en su calidad de vida si la medida resulta exitosa. Sin embargo, el reto estará en lograr que los sectores más favorecidos, que son los principales responsables de la deuda, se comprometan a pagar sin generar mayores tensiones sociales o políticas.
A pesar de las dificultades, el Gobierno sigue firme en su decisión de implementar esta opción tarifaria como una solución viable, aunque también ha dejado claro que es un mal necesario. La estrategia está orientada a garantizar la justicia social en el acceso a los servicios básicos, evitando que sean los sectores más pobres los que carguen con los costos de una deuda que no fue causada por ellos.
En conclusión, la implementación de la opción tarifaria para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 representa una de las medidas más importantes del gobierno de Petro en términos de política energética. Si bien el camino no será fácil y se enfrentan diversos desafíos, la decisión de asumir esta deuda busca aliviar la carga que han tenido que soportar muchos colombianos, especialmente en la Costa Caribe, y garantizar una mayor justicia social en el acceso a la energía.
