Lo que se anunció como el mayor golpe contra el contrabando en la historia reciente del país, hoy amenaza con convertirse en uno de los fracasos judiciales más estruendosos. Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, señalado por el propio presidente Gustavo Petro como el cerebro detrás del ingreso del 80 % del contrabando en Colombia, podría recuperar su libertad en cuestión de días por un tecnicismo judicial. Un error —tan simple como grave— por parte de la Fiscalía dejó sin sustento legal la prórroga de la medida de aseguramiento.
El escándalo ha encendido las alarmas en todos los frentes. La Procuraduría, que ha seguido de cerca la investigación contra la llamada red de Papá Pitufo, no ocultó su frustración ante la posibilidad de que los principales implicados queden libres sin haber enfrentado aún un juicio. “¿Dónde están los funcionarios de la Dian?”, cuestionó el ente de control, insinuando que el alcance del entramado de corrupción podría ser más profundo de lo que se ha revelado hasta ahora.
Y es que no se trata solo de la posible liberación de Orozco. También sus socios, clave en el movimiento de mercancías ilegales a través del puerto de Buenaventura, estarían en la puerta de salida por la misma razón: la Fiscalía no presentó a tiempo los elementos necesarios para sostener la detención preventiva. En un país donde la impunidad aún es la norma y no la excepción, este caso amenaza con reforzar esa dolorosa percepción colectiva de que el crimen, con suficiente poder e influencia, siempre encuentra una grieta por donde colarse.
La red de contrabando liderada por el Bendecido —bautizada mediáticamente como “Papá Pitufo”— no es una historia más sobre evasión fiscal. Es una estructura criminal que, según el propio gobierno, habría generado rentas ilícitas por más de ocho billones de pesos anuales, afectando la industria nacional, desangrando las finanzas públicas y alimentando el engranaje del lavado de activos con tentáculos en múltiples regiones.
El presidente Petro, en su momento, calificó la captura de Orozco como un “logro histórico”, pero hoy guarda silencio frente a la inminente caída del caso por errores procesales. Mientras tanto, la ciudadanía asiste con desconcierto a un espectáculo en el que las instituciones parecen descoordinadas, la justicia frágil y la corrupción cada vez más sofisticada y blindada.
La Procuraduría exige explicaciones, y no solo sobre los errores de procedimiento. También ha puesto el foco en los vacíos estructurales: ¿cómo es posible que una operación de tal envergadura no contará con un respaldo investigativo sólido? ¿Qué papel juegan las entidades como la Dian, en cuyas filas podrían estar funcionarios involucrados o cómplices por omisión?
Más allá del caso Orozco, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger los intereses del Estado. Si este proceso se desmorona, si los implicados logran burlar el sistema y retomar el control de sus redes, el mensaje será demoledor: en Colombia, hasta el contrabando más descarado puede salir ileso si la burocracia tropieza.
En el fondo, este episodio plantea una dolorosa paradoja: en un país que se vanagloria de grandes golpes contra el crimen, lo que realmente duele no es lo que se captura, sino lo que se escapa. El caso Papá Pitufo está a punto de convertirse no en un símbolo de justicia, sino en el retrato más nítido de nuestra fragilidad institucional.
