Con el ceño fruncido y las palabras afiladas, Federico Gutiérrez volvió a alzar la voz por una causa que lo interpela como padre, como alcalde y como ciudadano. “No se pueden meter con nuestros niños”, sentenció este jueves, antes de anunciar su próximo viaje a Estados Unidos, donde se reunirá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales para revisar los operativos conjuntos contra la explotación sexual infantil. Una alianza transnacional que, según él, no puede dar tregua.
La visita de Gutiérrez no es simbólica. Se enmarca dentro de una estrategia que Medellín viene desarrollando desde el año pasado junto a organismos internacionales, tras identificar un patrón alarmante: turistas extranjeros, especialmente de nacionalidad estadounidense, que viajan a Colombia —y en particular a Medellín— en busca de menores para explotación sexual. Lo que antes era un rumor incómodo, hoy es una verdad documentada por fiscales, investigadores y denuncias que hielan la sangre.
Uno de los casos más dolorosos y recientes, revelado esta semana, es el de una joven de 20 años —identificada por las autoridades como alias Liliana—, quien habría vendido a su prima de apenas 11 años a un turista estadounidense. La transacción, perpetrada en noviembre de 2023, habría sido pactada por internet y ejecutada con escalofriante frialdad. La mujer condujo a la menor al encuentro, y recibió $300.000 a cambio. La niña, según la Fiscalía, recibió un celular de alta gama y otra suma de dinero. “Esto no es pobreza, esto es perversión”, dijo Gutiérrez con dureza.
El alcalde ha hecho de esta lucha una cruzada personal. Desde que retomó el mando de Medellín, ha insistido en que la ciudad no puede permitir que su nombre quede manchado por redes criminales que comercian con la infancia. Su tono, a veces beligerante, encuentra respaldo en la ciudadanía, que ha visto cómo, pese a los esfuerzos, los casos se siguen presentando. La impunidad, la complicidad de algunos sectores y la falta de cooperación internacional son los principales obstáculos que busca enfrentar con este viaje.
En Estados Unidos, Gutiérrez no sólo pedirá fortalecer los canales de investigación con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, sino también exigir judicialización efectiva en suelo norteamericano. “Si un turista viene a abusar de un niño aquí, debe saber que lo vamos a perseguir allá también. La extradición no es suficiente. Queremos que se enfrenten a la justicia con el mismo rigor con el que aquí respondemos por nuestras víctimas”, declaró.
Este es, además, un llamado a Colombia misma. Gutiérrez no duda en señalar que la Fiscalía y los jueces deben actuar con más contundencia. “No es posible que estos casos están engavetados o se diluyen en tecnicismos. Aquí lo que está en juego es la vida y el futuro de nuestros niños”. Por eso, insiste, la justicia restaurativa o las indulgencias —en clara alusión a propuestas del gobierno nacional— no pueden aplicar en estos crímenes. “Aquí no hay espacio para perdones. Aquí lo que hay es que caer con todo el peso del Estado”.
En un país donde los discursos suelen quedar atrapados entre cifras y promesas, la postura de Federico Gutiérrez sacude por su claridad. Podrá gustar o no su estilo, pero su mensaje es inequívoco: proteger a los niños no es negociable. Y si para lograrlo hay que cruzar fronteras, tocar puertas extranjeras o incomodar al poder, él parece dispuesto a hacerlo. Porque, como él mismo dijo, “en Medellín no vamos a permitir que ningún niño sea tratado como mercancía. Y mucho menos por quienes vienen de afuera creyendo que aquí todo se compra”.
