Medellín se ha ganado el título de ciudad pionera en movilidad eléctrica en Colombia. Con más de 8.000 vehículos eléctricos circulando por sus vías, el discurso de sostenibilidad urbana empieza a cobrar forma sobre el asfalto. Sin embargo, mientras la cifra de carros enchufables crece, la infraestructura para sostener esta transformación parece haberse quedado sin batería. El sueño verde de muchos usuarios está hoy plagado de obstáculos técnicos, trabas normativas y una red de carga pública tan débil como insuficiente.
Uno de los casos más ilustrativos es el de Hernán Cortés, residente del conjunto Arboleda de Los Bernal, quien desde marzo intenta, sin éxito, instalar un punto de carga en su parqueadero. Aunque contaba con la normativa y los permisos individuales, la administración del conjunto se opuso argumentando la falta de capacidad en las redes eléctricas comunes, diseñadas bajo estándares de hace más de dos décadas. Lo que para Hernán era una apuesta por la movilidad limpia, se convirtió en una odisea burocrática y técnica.
Este problema no es exclusivo de conjuntos antiguos. En muchas unidades residenciales de Medellín, aún las más modernas, no existe una reglamentación clara para la instalación de cargadores particulares. Las asambleas de copropietarios, muchas veces sin criterio técnico, terminan decidiendo el futuro energético de sus vecinos. Y mientras tanto, los usuarios se ven obligados a improvisar soluciones o a depender de una red pública de electrolineras que, en más de un caso, está fuera de servicio o saturada.
El panorama es especialmente crítico para quienes dependen del vehículo eléctrico como herramienta de trabajo. En Medellín circulan 28 taxis verdes que día a día enfrentan el mismo dilema: dónde y cómo cargar sin perder tiempo ni clientes. Algunos conductores han denunciado que las electrolineras en sectores como El Poblado y Laureles presentan fallas recurrentes, y que, además, no hay suficientes puntos de carga rápida. Esto los obliga a desplazarse hasta centros comerciales o a esperar largas filas para poder enchufar su vehículo.
Mientras tanto, desde las autoridades locales se insiste en que Medellín continúa liderando la transición energética. Pero los hechos revelan una ciudad con una política de movilidad eléctrica que va más rápido en discurso que en infraestructura. La Empresa de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad han anunciado nuevas estaciones de carga, pero su implementación ha sido lenta y dispersa. Y los usuarios siguen esperando soluciones mientras el número de carros eléctricos sigue creciendo mes a mes.
La realidad es clara: el futuro de la movilidad no se impulsa sólo con subsidios para comprar vehículos verdes, sino con una red inteligente, robusta y bien distribuida para cargarlos. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de caer en una paradoja: muchos carros eléctricos, pero poca energía disponible. La promesa de sostenibilidad se diluye si los ciudadanos deben cargar sus vehículos con extensiones improvisadas desde una ventana o recorrer media ciudad en busca de un enchufe funcional.
Además, se hace urgente una actualización normativa que permita armonizar las decisiones privadas con los objetivos públicos. Las copropiedades no pueden seguir siendo zonas grises en esta transición. El Estado debe facilitar, no solo incentivar, el acceso a la infraestructura eléctrica domiciliaria, con líneas de crédito, asesoría técnica y marcos regulatorios que protejan tanto al usuario como a la comunidad.
Medellín tiene hoy la oportunidad de convertirse en un verdadero modelo de movilidad sostenible en América Latina. Pero para lograrlo, necesita ir más allá de los anuncios y encender, con decisión, la infraestructura que permitirá que esa movilidad no sea solo limpia, sino también viable, práctica y accesible. Porque sin puntos de carga, no hay revolución verde que avance.
