Como si no fuera suficiente con el duelo ya prolongado entre Laura Sarabia y Armando Benedetti —marcado por filtraciones, denuncias cruzadas y un conflicto que ha sacudido al corazón del Gobierno—, esta semana la pelea sumó a un nuevo contendiente: el abogado penalista Mauricio Pava. Un nombre que, aunque hasta ahora mantenía un perfil técnico y reservado, ha sido arrastrado al foco mediático por las acusaciones del actual embajador ante la FAO.
La pugna, que en principio parecía personal y emocional entre dos ex aliados políticos caídos en desgracia, ha mutado en un entramado de redes legales, intereses cruzados y acusaciones que ya tocan despachos del Estado, firmas de abogados, consultores y entidades como Fiduprevisora o FOMAG. La publicación más reciente de Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter), en la que enumera nombres y empresas aparentemente vinculadas, deja entrever que el conflicto dejó de ser una pelea a puertas cerradas y se está transformando en una denuncia pública de presuntas alianzas irregulares.
Mauricio Pava, hasta hace poco defensor del presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones, ahora se ve mencionado directamente en las declaraciones de Benedetti. La insinuación, aunque aún carente de pruebas contundentes, insinúa una trama más compleja: la conformación de un bloque de poder jurídico y político que estaría operando desde la Cancillería y otras esferas del gobierno para neutralizar al exembajador y blindar a Sarabia, hoy ministra de Relaciones Exteriores.
La relación entre Pava y Sarabia no es nueva. De hecho, según se conoció, el equipo jurídico que acompañó a Sarabia durante su comparecencia pública, cuando entregó documentos a la Fiscalía, pertenece a la firma del penalista. Esta cercanía ha dado pie a suspicacias sobre si se trata de una defensa legal legítima o de una operación con fines políticos que busca marginar a Benedetti del entorno oficial y desacreditar sus acusaciones.
El contexto de esta guerra interna no es menor: ambos, Sarabia y Benedetti, fueron figuras fundamentales en la primera línea del ascenso de Gustavo Petro al poder. Hoy, sus nombres están asociados más a escándalos que a logros. Mientras tanto, el presidente intenta mantenerse distante, pero el ruido en su entorno se hace cada vez más difícil de ignorar, más aún cuando los nombres que saltan a la escena tienen vínculos directos con su defensa legal.
La acusación lanzada por Benedetti —cuyo tono cada vez se parece más al de un hombre dispuesto a incendiar puentes— no menciona delitos específicos, pero sí sugiere una colusión entre actores públicos y privados que se habría beneficiado de contratos, favores o blindajes jurídicos. De ser cierto, estaríamos ante un caso que va mucho más allá de las rencillas personales, y que podría derivar en procesos disciplinarios y penales.
Sin embargo, también está el otro lado: el del ex embajador como un actor movido por el despecho político y la pérdida de poder. Las formas y el momento de sus denuncias hacen pensar a más de uno que no se trata solo de una cruzada moral, sino de un intento desesperado por recuperar influencia o al menos dañar a quienes alguna vez fueron sus aliados. Su credibilidad, golpeada por contradicciones y episodios anteriores, sigue siendo una incógnita.
Lo cierto es que, con la entrada de Mauricio Pava al ring, el caso deja de ser solo una disputa política y se convierte en un asunto que debe ser examinado con lupa por los organismos de control. Más allá de las rivalidades personales, el país necesita saber si lo que hay detrás son simples egos en guerra o estructuras que comprometen la transparencia institucional. Porque si algo ha quedado claro, es que cuando la política se convierte en una pelea sin reglas, siempre pierde la democracia.
