El caso del megalote Aguas Vivas ha desatado una serie de acusaciones que, entre las sombras de la política y los intereses privados, implican a varias figuras clave de la administración pública de Medellín. Aunque la Fiscalía tiene como prueba principal el Decreto 412 de 2023, que modifica el uso del suelo para favorecer el desarrollo en una zona estratégica de la ciudad, el testimonio de exfuncionarios y documentos obtenidos durante la investigación apuntan a una red de complicidades que no solo involucra al exalcalde Daniel Quintero, sino también a otros actores políticos y empresarios de la región. Uno de los nombres que comienza a emerger en este entramado es el del exalcalde Luis Pérez, cuya relación con el caso podría ser más profunda de lo que hasta ahora se había considerado.
El proceso judicial, que busca esclarecer las presuntas irregularidades en torno a la cesión y utilización del lote Aguas Vivas, ya tiene listos los cargos contra Quintero y varios de sus exfuncionarios más cercanos. Se les imputa el presunto delito de peculado por apropiación, prevaricato y conflicto de intereses en la celebración de contratos. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, los testimonios de antiguos colaboradores de la administración revelan detalles que vinculan a otros actores políticos del pasado reciente, entre ellos Luis Pérez Gutiérrez. Su nombre ha sido mencionado en conversaciones sobre las negociaciones previas a la llegada de Quintero a la Alcaldía.
Aguas Vivas, un terreno de más de 147.000 metros cuadrados, ha sido el epicentro de un conflicto sobre el uso del suelo en una de las zonas más cotizadas de Medellín. Originalmente, el terreno pertenecía a un grupo de empresarios que, a finales de 2019, lo cedieron al municipio como parte de una compensación urbanística. Esta figura legal les permitió obtener un bono negociable con urbanizadores a cambio de cumplir con los compromisos de espacio público, algo que parecía favorable para todos los involucrados. No obstante, con la llegada de Quintero a la Alcaldía, el panorama cambió radicalmente.
El giro en la situación comenzó con un detalle técnico que parecía insignificante pero que, con el tiempo, resultó clave: el municipio, aunque ya figuraba como propietario del lote en la notaría, no había realizado su registro formal en la Oficina de Registro de Instrumentos. Este vacío administrativo abrió la puerta a nuevas negociaciones por parte de los antiguos dueños del terreno. Según las versiones de algunos testigos, los propietarios comenzaron a proponer que, si no encontraban un comprador para su bono en el plazo de un año, el municipio debía pagarles una suma considerable. Posteriormente, la propuesta evolucionó hacia la posibilidad de desarrollar un proyecto inmobiliario en el 30% del terreno y destinar el resto a la creación de un ecoparque.
Lo que resulta aún más desconcertante es que, a pesar de las críticas iniciales a este tipo de transacciones por parte de la administración de Quintero, la Alcaldía cambió radicalmente su postura. Lo que en principio se consideraba un acuerdo desfavorable para la ciudad pasó a convertirse en una oportunidad estratégica, especialmente con la inclusión del lote dentro del proyecto insignia del mandatario: el Valle del Software. Este cambio de dirección no solo dejó en evidencia las contradicciones dentro del mismo gobierno, sino que también abrió una serie de preguntas sobre la influencia que algunos actores, entre ellos Luis Pérez, podrían haber ejercido sobre las decisiones relacionadas con el lote.
El testimonio de los exfuncionarios que trabajaron en la administración de Quintero, algunos de los cuales ya se encuentran en la mira de la Fiscalía, es clave para entender cómo se gestó esta serie de cambios. Varios de ellos han señalado que existió una fuerte presión por parte de ciertos actores externos, que incluirían a empresarios del sector de la construcción, quienes tenían intereses directos en el desarrollo de Aguas Vivas. Entre ellos, se ha mencionado a figuras cercanas a Luis Pérez, quien, a pesar de no estar formalmente vinculado en el caso hasta el momento, ha sido señalado por testigos como una figura que podría haber influido en la decisión de aceptar las modificaciones del uso del suelo.
La complejidad de este caso radica en las múltiples capas de decisiones administrativas y políticas que se entrelazan con intereses económicos privados. En este sentido, el exalcalde Pérez podría no solo tener un papel en la configuración del escenario inicial, sino también en la gestión de las expectativas de los empresarios que vieron en Aguas Vivas una oportunidad para lucrarse a costa de un bien público. Es en este contexto que los testimonios de personas que trabajaron en las administraciones previas adquieren relevancia, pues podrían arrojar luz sobre las prácticas que precedieron la administración Quintero.
A medida que la Fiscalía continúa recolectando pruebas y audiencias, la posibilidad de que Luis Pérez y otros actores del pasado reciente se vean llamados a rendir cuentas es cada vez más tangible. Los involucrados en el proceso deberán aclarar cómo se gestaron las decisiones que favorecieron a unos pocos a expensas del interés colectivo. Este caso, que originalmente parecía centrado únicamente en la administración de Quintero, se ha convertido en un amplio escándalo de corrupción que podría implicar a más actores políticos y empresariales de la región.
Finalmente, el caso Aguas Vivas pone en evidencia las fragilidades del sistema de control y transparencia en la administración pública. Las contradicciones, los cambios de postura y los testimonios incriminatorios revelan una historia de intereses cruzados y decisiones tomadas sin el debido escrutinio. El tiempo dirá hasta qué punto las investigaciones lograrán desentrañar la verdad detrás de este entramado que involucra a poderosas figuras políticas y empresarios de Medellín, entre ellos, Luis Pérez.
