El clima político en Colombia se torna cada vez más tenso. Las dos explosivas cartas del ex canciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro han desatado una tormenta institucional sin precedentes, cuyas ondas expansivas ya alcanzan a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La posibilidad de que el jefe de Estado sea investigado por su estado de salud física y mental no solo inquieta al Gobierno, sino que plantea una compleja discusión sobre los límites del control político y la salud privada del primer mandatario.
Las denuncias radicadas —una por el exministro de Justicia Wilson Ruiz y otra impulsada por varios congresistas de oposición— buscan que se exija a Petro la realización de exámenes médicos especializados, tanto psicológicos como toxicológicos. Aunque la Constitución no contempla de forma expresa esta posibilidad, las solicitudes se escudan en lo que denominan una «preocupación legítima» sobre la aptitud del presidente para ejercer sus funciones, alimentadas por los relatos de Leyva sobre presuntas desapariciones, conductas erráticas y falsedades en actos administrativos.
La narrativa es incendiaria: un presidente que habría estado ausente sin justificación durante un viaje oficial a París, que habría firmado un decreto con motivaciones falseadas, y que estaría lidiando con una supuesta adicción. Pero más allá del tono alarmista, la cuestión central sigue siendo legal: ¿tiene la Comisión de Acusación la potestad para obligar a un presidente a someterse a exámenes médicos? Según varios expertos constitucionalistas, la respuesta es no. A lo sumo, podrían recomendarlo, pero sin que haya una sanción por su negativa.
En este contexto, la figura de Leyva se consolida como un actor incómodo para el Gobierno. Su paso del silencio institucional a la denuncia pública ha marcado un giro dramático en su relación con Petro. Lo que comenzó como una diferencia por el manejo de la Cancillería ha escalado hasta convertirse en un embate directo contra la legitimidad del presidente. La gravedad de sus acusaciones —por ahora, sin pruebas concluyentes— obliga a una respuesta institucional mesurada, pero firme.
El Gobierno, por su parte, ha optado por defenderse con prudencia. Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, respondió sin caer en la provocación, mientras Petro guarda un silencio estratégico. El presidente parece apostar por no escalar el conflicto con Leyva, confiando en que las instituciones no se dejarán arrastrar por una narrativa sin fundamento judicial. Sin embargo, el silencio también deja espacio para que la incertidumbre crezca, y la oposición lo sabe.
El trasfondo es aún más complejo. En un año clave para la implementación de reformas estructurales, y en medio de una gobernabilidad precaria, estas denuncias amenazan con distraer —y posiblemente paralizar— al Ejecutivo. No se trata solo de una disputa personal, sino de una jugada política que podría desestabilizar al Gobierno en uno de sus momentos más frágiles. En ese tablero, las cartas de Leyva funcionan como piezas de ajedrez que buscan forzar un saque simbólico más que jurídico.
Lo cierto es que, con o sin validez legal, el debate está instalado. ¿Debe el presidente someterse a pruebas médicas? ¿Es esta una exigencia ética o una forma velada de estigmatización política? En una democracia como la colombiana, donde el presidencialismo concentra un enorme poder simbólico, la sola sospecha de incapacidad puede convertirse en una herramienta poderosa —y peligrosa— en manos de la oposición.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la salud de un presidente, sino la salud institucional del país. Porque si cada crisis política se resuelve con cartas abiertas, rumores y presiones para evaluar la vida privada del gobernante, Colombia corre el riesgo de cambiar el debate político por el espectáculo. Y en esa arena, todos —Gobierno, oposición y ciudadanía— tienen mucho que perder. ¿Hasta dónde llegarán las consecuencias de estas cartas? Solo el tiempo, y el temple de las instituciones, lo dirán.
