La lucha contra el nepotismo y la transparencia en el ejercicio del poder han sido pilares del discurso político de muchos funcionarios, pero la reciente revelación de contratos a familiares y allegados del representante David Racero, una de las figuras más prominentes de la administración de Gustavo Petro, ha generado fuertes cuestionamientos sobre la coherencia entre las palabras y las acciones del Gobierno. La denuncia de que al menos nueve personas cercanas a Racero han obtenido contratos directos con diversas entidades del Estado plantea una duda persistente: ¿es esta una práctica aislada o un reflejo de un patrón más amplio de clientelismo que va en contra de los principios que se promovieron durante la campaña presidencial?
David Racero, quien ha sido reconocido por su activismo político y su afán de fiscalizar a otros funcionarios, se encuentra ahora en el ojo del huracán por los vínculos familiares que han resultado en contratos públicos. Estos contratos, entregados por entidades del Gobierno, incluyen a familiares cercanos, como su tío, José Luis Mayorca, oncólogo de profesión y antiguo congresista del Cesar, cuyas conexiones en el ámbito de la salud se remontan a épocas pasadas. Mayorca fue uno de los principales accionistas de Medimás, una EPS que ha sido ampliamente criticada por su mala gestión de recursos públicos y cuya existencia, irónicamente, podría servir como ejemplo de la urgente necesidad de reforma del sistema de salud planteada por el mismo Gobierno que ahora enfrenta la controversia.
El hecho de que José Luis Mayorca haya sido visto en una reunión clave sobre la reforma a la salud en 2023, junto a Racero y otros funcionarios de alto rango como la exministra Carolina Corcho y el entonces ministro Alfonso Prada, añade una capa de complejidad a esta situación. La presencia de Mayorca, quien no ocupaba un cargo público ni tenía un papel de asesoría, levantó sospechas que se profundizaron cuando se conoció la relación de parentesco con el congresista, una relación que había permanecido en la penumbra hasta ese momento. La falta de explicación sobre su participación en dicha reunión, en un tema tan sensible, solo contribuyó a alimentar las dudas sobre los posibles conflictos de interés.
Este episodio no es el único que involucra a Racero y su entorno cercano en el entramado de contratos públicos. Una investigación de la Silla Vacía reveló cómo varios familiares de Racero, en particular las esposas de primos suyos, recibieron contratos en la Cámara de Representantes mientras él presidía esa corporación. Estos contratos se otorgaron a personas que habían apoyado la candidatura de Mayorca a la Gobernación del Cesar, lo que refuerza la imagen de un sistema en el que los favores políticos y familiares juegan un rol determinante, sin que se garantice la transparencia necesaria en la adjudicación de recursos públicos.
A medida que se hace más evidente la presencia de familiares de Racero en el aparato estatal, la relación entre política, poder y dinero se convierte en un tema central de la discusión pública. La acusación de nepotismo no es nueva, pero en este caso cobra una relevancia especial dado el perfil del protagonista. Racero, quien durante su carrera ha sido crítico del clientelismo y ha buscado posicionarse como un líder comprometido con la lucha contra la corrupción, se ve ahora enfrentado a una contradicción difícil de eludir.
La existencia de estos contratos pone en entredicho las promesas de un gobierno que, en sus primeros compases, se presentó como el abanderado de la transparencia y la justicia social. La contradicción entre el discurso del presidente Petro y las acciones de algunos de sus aliados más cercanos, como Racero, genera desconfianza y cuestiona la efectividad de las políticas de limpieza del aparato estatal que se habían propuesto desde el inicio del mandato.
Este tipo de prácticas, que parecen contradecir los valores de equidad y justicia social que se intentan promover, abren una ventana a la crítica dentro de la política nacional. El principio de meritocracia y la lucha contra el nepotismo, al ser considerados ejes fundamentales para lograr una administración pública eficaz y transparente, se ven comprometidos cuando las conexiones familiares prevalecen sobre la competencia y la idoneidad en el ejercicio del poder.
En última instancia, la situación de David Racero y los contratos familiares evidencia una de las grandes pruebas de la administración Petro: la de ser coherentes con los principios que promueven y con las expectativas que generan en la sociedad. El reto es grande, pues si bien se ha hablado de transparencia y lucha contra la corrupción, los hechos que se dan a conocer diariamente hacen que muchos se pregunten si realmente el cambio prometido está siendo materializado, o si el sistema sigue atrapado en las mismas redes que han marcado a la política colombiana por generaciones.
