El debate sobre la reforma a la salud del Gobierno Nacional continúa siendo uno de los más candentes en el Congreso de Colombia, y la reciente carta enviada por 18 exministros y exviceministros de Salud ha intensificado aún más la controversia. Estos exfuncionarios, entre los cuales se encuentran figuras de gran relevancia como Augusto Galán, Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, han expresado su preocupación sobre el contenido y la forma en que se está llevando a cabo el proceso legislativo. En su misiva, dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y a los demás miembros de la corporación, alertan sobre los riesgos de aprobar una reforma que consideran «muy desafortunada y peligrosa» para el bienestar de la población colombiana.
Según los firmantes, el proyecto de reforma, que ha avanzado sin cambios significativos desde su presentación inicial hace dos años, no resuelve los problemas fundamentales del sistema de salud. A pesar de los esfuerzos por darle una nueva estructura, las críticas apuntan a que los elementos centrales de la reforma siguen siendo los mismos, lo que, a juicio de los exfuncionarios, no responde a las verdaderas necesidades del sistema de salud ni ofrece soluciones a los retos que enfrenta el país en este ámbito. Para ellos, la reforma, más que un avance, podría ser un retroceso que pone en riesgo el acceso y la calidad de los servicios para los colombianos.
Una de las principales críticas de los exministros es la manera en que se aprobó el proyecto en la Cámara de Representantes. Señalan que, en lugar de un análisis detallado y un debate fundamentado, se optó por la aprobación en bloque de artículos, sin darle espacio a una discusión técnica y científica. Esta forma acelerada de proceder, sin escuchar las voces de expertos y organizaciones en salud que han señalado los inconvenientes de la reforma, pone en duda la calidad del proceso legislativo. La falta de un diálogo democrático, abierto y transparente, subrayan, no solo es un golpe a la credibilidad del Congreso, sino que también compromete la calidad de una reforma que debería ser el resultado de un consenso amplio y riguroso.
Más allá de los aspectos formales, los exministros insisten en que la reforma no ha tomado en cuenta a los pacientes y usuarios del sistema de salud. Las preocupaciones de estos ciudadanos, quienes son los principales afectados por las decisiones en torno a la salud pública, no han sido debidamente consideradas. Para los exfuncionarios, la reforma debería construir sobre lo que ya se ha logrado en el sistema de salud, en lugar de emprender un proceso de cambio que no garantice la progresividad en el derecho a la salud, como lo establece la Constitución. En este sentido, se plantea que la reforma, en lugar de mejorar el acceso y la calidad de los servicios, podría generar incertidumbre y desconfianza en los usuarios.
Otro de los puntos críticos planteados en la carta es la falta de claridad en cuanto a los recursos y la financiación de la reforma. La ausencia de un plan concreto con objetivos, metas y recursos claramente definidos genera dudas sobre la viabilidad de la implementación. Sin un esquema de financiación sólido, advierten los exministros, la reforma corre el riesgo de quedar en el aire, sin la capacidad de cumplir con las promesas que implica. En este sentido, también señalan que la transición hacia el nuevo sistema de salud debe ser gestionada cuidadosamente para evitar que los pacientes que actualmente están recibiendo tratamientos se vean afectados de manera negativa.
Las voces de los exministros no son las únicas que resuenan en el debate. Diversos sectores, tanto dentro como fuera del Congreso, han expresado sus temores ante una reforma que, en lugar de consolidar y mejorar el sistema de salud, podría desestabilizarlo. La preocupación se centra en que, a pesar de la necesidad urgente de reformas, el contenido de la propuesta no está a la altura de los desafíos que enfrenta el sector, y que la rapidez en su aprobación podría resultar en una implementación deficiente.
La reforma a la salud, uno de los pilares de la agenda del actual gobierno, tiene un enorme impacto no solo en los pacientes, sino también en los profesionales de la salud, las instituciones médicas y los sistemas de financiamiento público. En este sentido, la aprobación de un proyecto tan complejo requiere un proceso riguroso de consulta y consenso, que permita abordar los problemas de fondo del sistema sin descuidar la sostenibilidad ni la equidad. Sin embargo, el actual proceso legislativo ha dejado claro que el debate está lejos de llegar a un punto de acuerdo satisfactorio para todos los actores involucrados.
En última instancia, la reforma a la salud debe ser vista como una oportunidad para fortalecer un sistema vital para la vida de los colombianos. Pero, como advierten los exministros, una reforma apresurada, sin un análisis profundo y sin atender las inquietudes de los expertos, podría resultar en un fracaso. La salud de los colombianos no puede estar sujeta a los caprichos de una política legislativa que, al ignorar las voces expertas, pone en riesgo los logros alcanzados y compromete el futuro del sistema de salud en el país.
