La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, no es solo un lugar: es un símbolo del dolor, la búsqueda y la resistencia. Pero hoy, ese territorio cargado de memoria se enfrenta a una amenaza física tan letal como la invisibilización histórica: un talud inestable que, según alertas técnicas reiteradas, podría venirse abajo en cualquier momento. Si eso ocurre, no será un accidente, sino la consumación de una tragedia anunciada.
La advertencia más reciente proviene de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que mediante oficio dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), urgió por una intervención inmediata. La misiva no deja espacio para eufemismos: la situación es crítica. Las lluvias que azotan a Medellín desde abril han erosionado aún más el terreno, y la negligencia institucional puede terminar por sepultar —literalmente— años de trabajo forense y cientos de esperanzas maternas.
A diario, las llamadas “madres buscadoras” llegan hasta ese lugar, algunas con más de dos décadas hurgando en el barro y el silencio, esperando que allí, bajo los escombros y la maleza, descansen los restos de sus hijos. No es una metáfora: La Escombrera fue usada como depósito clandestino de cuerpos durante lo más crudo del conflicto urbano en Medellín. Por eso, cada metro que se desliza, cada piedra que se cae, representa no solo un peligro físico, sino una nueva pérdida en la ya larga cadena de impunidad.
La abogada María Victoria Fallón, representante de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, elevó su voz con una pregunta que suena más a clamor que a retórica: “¿Qué está haciendo la JEP ante estas alertas?” Y tiene razón. Porque si una jurisdicción nacida para garantizar justicia transicional no actúa frente a un riesgo tan tangible, ¿qué clase de reparación se está ofreciendo a quienes aún buscan a sus seres queridos?
No es la primera vez que se alerta sobre el talud. Pero como tantas veces ocurre en Colombia, la reiteración de una advertencia parece convertirla en ruido de fondo. La urgencia se disuelve entre trámites, oficios sin respuesta y competencias cruzadas. Mientras tanto, el clima no espera. Y los cuerpos bajo tierra, si es que están allí, siguen sin nombre, sin duelo, sin descanso.
El riesgo también toca a las comunidades que habitan los alrededores. Más de 1.700 personas han resultado afectadas por las lluvias en Medellín en las últimas semanas, y 229 viviendas ya han sido evacuadas. Lo que sucede en La Escombrera no es un problema aislado, es parte de una emergencia climática y social que exige atención articulada y prioritaria.
Pero el caso de La Escombrera tiene una carga adicional: allí la tierra guarda secretos que podrían ayudar a cerrar heridas históricas. Si el talud colapsa sin que se hayan realizado las intervenciones necesarias, no solo se perderán vidas o viviendas. Se perderá también la posibilidad de hacer justicia, de devolverle a muchas familias el derecho a la verdad y al duelo.
La memoria, como el terreno de La Escombrera, es frágil si no se cuida. Y en ambos casos, el abandono puede resultar fatal.
