El martes pasado, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en el aeropuerto de Manila tras su regreso de un breve viaje a Hong Kong. Esta captura, resultado de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), marca un giro significativo en la historia reciente del país y del ejercicio de la justicia internacional. Duterte, conocido por su brutal guerra contra las drogas durante su mandato, se enfrenta ahora a acusaciones de crímenes de lesa humanidad, específicamente por homicidio, tras una serie de matanzas que, según organizaciones de derechos humanos, cobraron la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres de escasos recursos.
La detención fue anunciada por el palacio presidencial de Manila, que detalló que la orden de arresto había sido transmitida oficialmente a las autoridades filipinas por Interpol. Duterte, quien tiene 79 años, ahora se encuentra bajo custodia mientras las autoridades filipinas se encargan de su evaluación médica. En un breve comunicado, se informó que tanto él como su grupo cercano se encontraban en buen estado de salud, lo que contrasta con las tensiones políticas generadas por su captura.
El arresto de Duterte no solo marca el fin de su mandato, sino también el comienzo de una nueva fase en la lucha por la justicia en Filipinas. La Corte Penal Internacional acusa al expresidente de ejecutar una política estatal de exterminio dirigida a los más vulnerables, en su mayoría personas pobres que nunca fueron formalmente procesadas ni declaradas culpables de delitos relacionados con el narcotráfico. En su defensa, Duterte ha reiterado que esta estrategia fue parte de su deber de proteger a la nación de la delincuencia, pero las cifras de muertes extrajudiciales hablan por sí solas.
Al enterarse de su arresto, Duterte no dudó en manifestar su rechazo a la medida. A través de un video publicado por su hija, Verónica, el exmandatario cuestionó la legalidad de su detención, exigiendo que se le presentaran pruebas claras sobre los cargos en su contra. Su reacción refleja el tono desafiante con el que gobernó durante su mandato y el profundo desacuerdo que mantiene con la justicia internacional. «¿Cuál es el crimen que cometí?», se preguntó en el video, afirmando que su arresto no fue más que una acción impuesta por fuerzas externas, sin un fundamento legal legítimo.
Este arresto llega en un momento de tensión diplomática, especialmente con China, que ha expresado un apoyo tácito hacia Duterte. El gobierno chino, a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, instó a la CPI a actuar con «prudencia» y evitar la politización del caso, sugiriendo que la Corte debe evitar un enfoque de doble rasero en sus investigaciones. Este respaldo velado se enmarca dentro de la estrategia de Duterte de fortalecer la relación con China, un país que ha sido un aliado clave durante su presidencia, en contraposición a las críticas que Filipinas ha recibido desde Occidente.
La Corte Penal Internacional había comenzado su investigación formal en 2021, pero la misma fue suspendida poco después debido a las objeciones del gobierno filipino, que argumentó que el país estaba evaluando sus propios casos de muertes durante operativos antidrogas. Sin embargo, el caso se reanudó en julio de 2023, luego de que un panel de jueces rechazara las objeciones del gobierno de Manila sobre la falta de jurisdicción de la Corte. Este retorno a la investigación refleja el compromiso de la comunidad internacional por mantener un control sobre los crímenes cometidos, sin importar las resistencias de los gobiernos locales.
A pesar de la resolución de la CPI, el presidente filipino Ferdinand Marcos ha dejado claro que su administración no cooperará activamente en la investigación, aunque se comprometió a cumplir con los requisitos de Interpol si fuera necesario. Esta postura refuerza las tensiones entre las autoridades locales y la justicia internacional, y plantea serias preguntas sobre la capacidad del gobierno filipino para manejar los desafíos internos y las presiones externas que enfrenta en términos de derechos humanos.
La captura de Duterte no solo es un evento relevante para Filipinas, sino también para el futuro de la justicia internacional. Enfrentando cargos por la ejecución de políticas que involucraron la muerte de miles de personas, Duterte se enfrenta ahora a una batalla legal que podría redefinir el panorama de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Lo que está en juego es mucho más que la condena de un solo individuo: es el principio de que, en el ámbito internacional, incluso los más poderosos deben rendir cuentas por sus actos.
