El reciente nombramiento de José Alexis Mahecha como subdirector general del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha levantado una ola de controversia. Mahecha, quien fuera jefe de inteligencia en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo que operaba en el ámbito de la seguridad del Estado hasta su disolución en 2011, llega al poder nuevamente, esta vez en una de las instituciones clave del Gobierno Nacional. Este ascenso, confirmado a finales de marzo de 2025, ha despertado no solo interrogantes sobre su carrera profesional, sino también inquietudes sobre los oscuros episodios de su pasado.
El nombramiento de Mahecha a tan importante cargo ha generado preocupación por su vínculo con un organismo que estuvo en el centro de múltiples escándalos de violaciones a los derechos humanos y de inteligencia ilegal. Entre 2004 y 2009, Mahecha ocupó altos cargos dentro del DAS, siendo responsable de la seccional Santander en un período marcado por acusaciones de interceptaciones ilegales a periodistas y opositores. Uno de los casos más resonantes fue la implicación de su seccional en el seguimiento y la intervención ilegal de las comunicaciones del diario Vanguardia Liberal, un escándalo que terminó con su salida, aunque más tarde fue absuelto de los cargos.
El hecho de que un hombre con este perfil haya sido elegido para un cargo de tal relevancia en la administración del presidente Gustavo Petro ha provocado reacciones encontradas. Para muchos, el ascenso de Mahecha es un recordatorio de los viejos vicios del Estado en su relación con los servicios de inteligencia y de seguridad, vicios que muchos pensaban superados con la disolución del DAS y la creación de nuevas estructuras de seguridad pública. Sin embargo, el resurgir de figuras de esa institución genera la sensación de que, en la política nacional, el pasado siempre tiene una forma de volver a infiltrarse.
El trasfondo de su nombramiento está vinculado a su cercanía con la actual directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, con quien compartió labores en el Ministerio de Salud. Rodríguez, quien ahora tiene la responsabilidad de coordinar las funciones administrativas en la Presidencia, parece haber confiado en Mahecha para desempeñar un rol clave dentro del aparato gubernamental. Algunos incluso señalan que, si bien la dirección formalmente recaerá sobre Rodríguez, será Mahecha quien «mueva los hilos» del poder en la sombra, ocupando una posición de influencia que podría superar la visibilidad de su cargo.
Por si fuera poco, el paso de Mahecha por la política local de Ibagué entre 2001 y 2003 y su posterior vinculación con el DAS no han sido los únicos puntos conflictivos de su carrera. A lo largo de su paso por diversas dependencias del organismo de inteligencia, su figura estuvo envuelta en controversias que lo vincularon con prácticas de espionaje ilegal. Su salida abrupta de la seccional Santander y su traslado forzoso al Quindío estuvieron relacionados con un proceso judicial abierto por las interceptaciones ilegales. Aunque Mahecha logró sortear la condena judicial, este episodio marcó un hito en su historia profesional, pues dejó una sombra que aún persiste sobre su imagen pública.
El hecho de que Mahecha haya podido ascender, a pesar de su historial problemático, pone en evidencia una vez más las conexiones que existen entre los diferentes actores políticos y las estructuras de poder dentro del Estado. En la administración de Petro, este tipo de nombramientos invita a la reflexión sobre los criterios con los que se eligen a los funcionarios públicos y si verdaderamente se están priorizando las credenciales de ética y transparencia sobre los contactos políticos y las redes de poder.
Pero más allá de las críticas o el cuestionamiento público, el ascenso de Mahecha tiene implicaciones más profundas para la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. En un momento en que el país atraviesa un proceso de transformación en diversos ámbitos, el regreso al poder de personajes vinculados a prácticas cuestionables podría generar una reacción negativa entre quienes esperan un gobierno que se distinga por su compromiso con la transparencia y la justicia.
Finalmente, el nombramiento de José Alexis Mahecha, más que un simple cambio administrativo, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre el pasado y el futuro del país. Mientras algunos defienden su nombramiento como una oportunidad para incorporar la experiencia de un hombre que conoce las entrañas del poder, otros temen que este tipo de decisiones contribuyan a perpetuar una política de impunidad y corrupción que todavía acecha las estructuras del Estado. La pregunta que persiste es: ¿realmente se puede construir un nuevo orden sin que los fantasmas del pasado sigan influyendo en las decisiones del presente?
