El excongresista huilense Jaime Felipe Lozada volvió al centro del debate público, esta vez no por una declaración política ni por una iniciativa legislativa, sino por una denuncia que hiela la sangre: ha sido amenazado por el Bloque Central Isaías Pardo, una de las estructuras más activas y violentas de las disidencias de las Farc. La advertencia, enviada directamente a su teléfono móvil, es clara y brutal: él y su familia han sido declarados objetivo militar.
Lozada, perteneciente al Partido Conservador y una de las voces más persistentes contra las guerrillas en el sur del país, hizo pública la amenaza a través de su cuenta en la red social X. El mensaje de los disidentes, lleno de errores ortográficos pero no por ello menos intimidante, alude a sus “constantes ataques contra nuestra organización” y a su respaldo a la militarización del departamento del Huila. También lo responsabilizan de celebrar la muerte de alias MAY, abatido días atrás por las Fuerzas Militares en ese mismo territorio.
En su denuncia, Lozada no dudó en señalar al presidente Gustavo Petro: “Como opositor, víctima y crítico de las Farc, le pido encarecidamente se me otorguen las medidas de seguridad para seguir desempeñando mi labor política”. El llamado no es menor, teniendo en cuenta que Lozada proviene de una familia que ha vivido en carne propia la violencia guerrillera: su padre, el excongresista Diego Turbay Cote, fue asesinado por las Farc en el año 2000.
La amenaza resuena en un momento especialmente tenso para el país, cuando los diálogos de paz con varias facciones armadas se tambalean y el proceso con el Estado Mayor Central enfrenta fisuras. El hecho de que figuras de la vida pública —y en especial quienes han alzado su voz contra los grupos al margen de la ley— sean blanco de amenazas, plantea serias dudas sobre el alcance real del control territorial del Estado.
El Bloque Isaías Pardo, heredero directo de estructuras históricas del Frente 13 y del Frente 17 de las Farc, mantiene presencia activa en zonas rurales del Huila, Caquetá y Tolima. Sus actividades oscilan entre el narcotráfico, la extorsión y el control armado de comunidades enteras. Esta amenaza no es un gesto simbólico: es una declaración de guerra en un contexto donde el Estado aún lucha por consolidar la paz territorial.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ya ha sido alertada y se espera una respuesta rápida para reforzar el esquema de seguridad del exrepresentante. Sin embargo, la preocupación va más allá de la seguridad individual. ¿Cuántos líderes políticos, sociales y comunitarios se enfrentan a amenazas similares sin tener los medios, ni la visibilidad, ni la protección que ofrece un apellido conocido?
Lozada, al hacer pública la amenaza, ha puesto el foco sobre una realidad que sigue latente en las regiones más golpeadas por la violencia: el retorno de las amenazas, las listas negras, los silenciamientos. Su denuncia no solo interpela al Gobierno, sino a toda la sociedad: ¿cómo garantizar una democracia plena si quienes opinan distinto deben hacerlo bajo escolta o desde el exilio interno?
Por ahora, el país observa con preocupación. La amenaza contra Lozada no es un hecho aislado. Es parte de una ola que, si no se enfrenta con decisión, puede llevarnos de nuevo a los peores capítulos del pasado reciente. Y eso, Colombia no puede permitírselo.
