El escándalo retumba en los corredores del poder local como una piedra lanzada en aguas turbias. La Personería de Medellín ha abierto formalmente una investigación disciplinaria contra Margarita Contreras Ospina, ex gerente encargada de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), por presuntamente haber suscrito contratos y prórrogas multimillonarias luego de haber cesado en su cargo. Un hecho que, de confirmarse, no sólo sería una grave falta administrativa, sino también un síntoma de la descomposición que heredó la administración de Daniel Quintero en uno de los entes más estratégicos de la ciudad.
Contreras, que asumió como gerente encargada en las dos últimas semanas de 2023, firmó durante ese breve lapso contratos por más de $10.000 millones. Pero el verdadero terremoto institucional se desató cuando el nuevo equipo de la EDU, ya bajo la dirección de Luz Ángela González, encontró documentos expedidos en los primeros días de enero de 2024 con la firma de la exfuncionaria. Para esa fecha, Contreras ya no tenía ninguna competencia legal. La revelación, hecha pública en febrero, encendió las alarmas y provocó una denuncia penal por presunta suplantación ante la Fiscalía.
La mecánica del presunto fraude tiene todos los ingredientes de una novela de corrupción: chats enviados a contratistas pidiéndoles “legalizar” adiciones contractuales, minutas con fechas alteradas y un modus operandi que habría contado con la complicidad de funcionarias atornilladas desde la pasada administración. Uno de los contratos en cuestión, por más de $17.000 millones, buscaba ejecutar obras en la Cuarta Brigada. La prórroga, que según los documentos fue firmada el 26 de diciembre, llegó a la nueva gerencia apenas el 12 de enero, cuando Contreras ya no era funcionaria pública.
Este caso no es una anécdota aislada. Es el punto más visible de una cadena de hallazgos que la nueva gerencia de la EDU reveló en su informe de empalme: pérdidas acumuladas por más de $7.000 millones, frente a los $13.000 millones de utilidades con los que contaba la entidad en 2020; un manual de contratación modificado para favorecer adjudicaciones por invitación privada; y montos de contratación que, según los informes, se dispararon hasta diez veces lo permitido por la norma original. Todo esto, bajo el aparente manto de legalidad de la administración Quintero.
La Personería, al agotar la fase preliminar de la investigación, concluyó que existen méritos suficientes para considerar a Margarita Contreras como presunta responsable disciplinaria de estas actuaciones. En otras palabras, el Ministerio Público ve indicios de que hubo no solo irregularidades, sino un conocimiento consciente de las mismas. La apertura formal del proceso marca el inicio de una etapa decisiva que podría derivar en sanciones y, eventualmente, en responsabilidades penales si la Fiscalía encuentra elementos suficientes.
La pregunta que flota sobre el caso es tan inquietante como obvia: ¿actuó Contreras sola, o fue pieza de un engranaje mayor que se benefició del caos administrativo? La permanencia de funcionarias leales a la administración saliente y la velocidad con la que se ejecutaron los contratos en los días finales de 2023 apuntan a una práctica más estructural que individual. La renuncia de una de estas funcionarias, justo después de destaparse el escándalo, deja un sabor amargo: ¿hasta dónde llegaron las órdenes y quién más estaba enterado?
Este episodio, además de sacudir a la EDU, reaviva el debate sobre la transparencia y el control en las entidades descentralizadas del Estado. El caso Contreras podría convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando el poder político desdibuja los límites institucionales. Por ahora, Medellín observa con lupa lo que hagan los órganos de control, mientras la ciudad intenta reconstruir la confianza perdida. Porque si el desarrollo urbano fue manipulado para fines opacos, no solo se construyeron obras: también se demolió la ética pública.
