La ciudad de Medellín se enfrenta nuevamente a un escándalo relacionado con la administración de recursos públicos, esta vez en el corregimiento de Santa Elena. La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra cuatro exediles de la Junta Administradora Local (JAL) de Santa Elena, por presuntamente haber expedido certificados de residencia de manera irregular. Según la investigación, los exfuncionarios habrían facilitado que personas provenientes de otros municipios, como Bello, Copacabana y Guarne, accedieran a los programas del Presupuesto Participativo, que estaban destinados a los habitantes de la zona.
Este hecho se relaciona directamente con el acuerdo local 002 de 2021, que les otorgó la potestad a los ediles de autorizar certificados de residencia. De acuerdo con la Procuraduría, este acuerdo fue aprobado por los implicados con el fin de beneficiar a personas de fuera del corregimiento, permitiéndoles acceder a proyectos educativos financiados por el Presupuesto Participativo de Medellín. Estos proyectos exigían que los beneficiarios fueran residentes de Santa Elena y que hubieran terminado el bachillerato en instituciones educativas de la misma zona.
La gravedad de la situación radica en que, al otorgar estos certificados de residencia a personas de municipios como Rionegro y Envigado, los exediles habrían alterado la legítima asignación de recursos públicos. El Presupuesto Participativo es un mecanismo a través del cual la ciudadanía prioriza los proyectos que desean ver realizados en sus comunidades, y se financia con el 5% del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo. Sin embargo, la presunta irregularidad pone en riesgo la transparencia y la efectividad del mismo.
Los cuatro exediles involucrados en este escándalo, Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Bahos, están siendo investigados por extralimitar sus funciones al otorgar certificados de residencia a personas fuera de la jurisdicción de Santa Elena. De confirmarse las acusaciones, los implicados habrían cometido un grave acto de corrupción, aprovechando su posición para beneficiar a individuos ajenos a la comunidad que debían ser favorecidos por los recursos del Presupuesto Participativo.
El hecho genera preocupación entre los ciudadanos y veedores de la ciudad, que ya habían señalado posibles irregularidades en la ejecución de los recursos del Presupuesto Participativo en administraciones anteriores. En particular, durante la pasada administración, se dieron a conocer varias denuncias relacionadas con la asignación de recursos para proyectos educativos, lo que aumentó las críticas sobre la falta de control y vigilancia en la distribución de los fondos públicos.
En este contexto, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Federico Gutiérrez, han reiterado el compromiso de mejorar la supervisión y control en la asignación de recursos públicos. La ciudadanía espera que las promesas de la actual administración se materialicen en un seguimiento más riguroso a la ejecución de estos recursos, que son esenciales para el bienestar de las comunidades más vulnerables de Medellín. Sin embargo, el caso de Santa Elena pone en evidencia las dificultades para garantizar una gestión transparente y eficiente.
Además de las sanciones legales que puedan enfrentar los exediles involucrados, este escándalo también plantea serias preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control interno en las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Inspecciones de Policía, encargadas de certificar la residencia de los habitantes. A futuro, será necesario revisar y fortalecer los procedimientos para evitar que situaciones como esta se repitan, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera justa y equitativa.
En última instancia, la confianza de la ciudadanía en el sistema de Presupuesto Participativo depende de la transparencia y responsabilidad de los funcionarios públicos. Los ciudadanos tienen derecho a saber que sus decisiones y aportes a la planificación de los proyectos comunitarios no serán manipulados por intereses ajenos a sus necesidades. El caso de Santa Elena es un recordatorio de la importancia de fortalecer los sistemas de control y la vigilancia en la gestión pública, para evitar que la corrupción socave la posibilidad de un verdadero desarrollo local.
