En medio del agitado tablero político y empresarial que define buena parte del panorama nacional, una nueva turbulencia sacude las cúpulas del poder económico. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, enfrenta una investigación penal liderada por la Fiscalía 21 especializada. El epicentro del escándalo: un contrato millonario para la prestación de servicios de transporte aéreo, presuntamente direccionado a favor de una empresa que hoy está en el centro del huracán judicial.
La denuncia, interpuesta por Helicol, una reconocida firma de aviación que ofrece servicios de transporte ejecutivo en helicópteros y aviones, apunta a un supuesto entramado de favorecimientos en la adjudicación del contrato. Dicha adjudicación habría terminado beneficiando a Helistar, una empresa que hoy se encuentra bajo la lupa del ente acusador. Las acusaciones reviven viejas sospechas sobre el uso del poder público con fines privados, una sombra que parece extenderse desde los pasillos del Palacio de Nariño hasta los hangares más exclusivos del país.
En el corazón del caso se encuentran nombres que no son ajenos al ojo público. Santiago Triviño, representante legal de Helicol, ha sido citado por la Fiscalía para rendir declaración el próximo 14 de mayo. Lo hará en compañía de Julián Quintana, también representante legal, pero esta vez en calidad de abogado de la empresa denunciante. Su intervención podría marcar un punto de inflexión en un caso que, de confirmarse las acusaciones, pondría en entredicho no solo la transparencia de Ecopetrol, sino también la credibilidad de quienes han transitado entre el mundo empresarial y el político.
Lo que está en juego no es menor. Ecopetrol no es solo la joya de la corona del sector energético colombiano; es también una de las empresas más importantes de América Latina. Cualquier señalamiento de corrupción en sus procesos contractuales tiene un efecto dominó que impacta tanto la confianza inversionista como la percepción internacional sobre la gobernanza en Colombia. Por eso, la investigación sobre Roa va mucho más allá de un asunto penal: se trata de un asunto de Estado.
El presidente de la petrolera aún no ha hecho declaraciones públicas contundentes sobre el caso. Desde su oficina se ha insistido en la legalidad de los procesos y la transparencia institucional. Sin embargo, el silencio —estratégico o no— ha generado inquietudes. La opinión pública, acostumbrada a los escándalos que se apagan en titulares, exige claridad y rendición de cuentas. El contexto actual, donde la ciudadanía observa con creciente escepticismo a sus líderes, no permite zonas grises.
Por su parte, Helistar, la compañía beneficiada con el contrato en cuestión, también enfrenta cuestionamientos. Aunque aún no hay imputaciones formales, el hecho de haber sido señalada en una denuncia tan delicada plantea interrogantes sobre los criterios que guiaron la adjudicación. ¿Hubo realmente un direccionamiento? ¿Existieron vínculos personales o políticos que inclinaron la balanza?
La fiscal general Luz Adriana Camargo ha asumido el caso con determinación. Su despacho recibe con creciente frecuencia denuncias similares, pero pocas tienen el peso institucional de esta. La próxima audiencia será una prueba de fuego tanto para la Fiscalía como para las empresas implicadas. Colombia observa expectante, consciente de que en esta investigación se juega una pieza del ajedrez político y corporativo nacional.
En un país donde la línea entre lo público y lo privado se desdibuja con demasiada frecuencia, el caso Roa puede convertirse en un punto de inflexión. No solo por las eventuales consecuencias legales, sino por el mensaje que emita sobre la voluntad real de combatir la corrupción desde las más altas esferas. Si la ley es pareja para todos, el veredicto no debe depender de quién pilotea el helicóptero, sino de quién responde ante el pueblo.
