La reciente denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto atentado en su contra ha estremecido a la opinión pública, abriendo un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno colombiano y los grupos criminales de la región. Según lo declarado por el mandatario, las amenazas en su contra no son una novedad desde su llegada al poder, pero lo que distingue esta alerta es la gravedad del ataque planeado: la utilización de misiles adquiridos en Venezuela por narcotraficantes y grupos armados. Este acto de violencia tendría como objetivo derribar su avión presidencial, una amenaza que ha llevado al mandatario a tomar medidas drásticas en su seguridad.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien ha sido asesor de Petro durante más de 35 años, profundizó en los detalles de la investigación, confirmando que los grupos responsables podrían ser una alianza de actores criminales, entre ellos guerrilleros y narcotraficantes. Aunque no se ha precisado quiénes están detrás del intento de asesinato, la posibilidad de que provengan de la frontera con Venezuela añade una capa de complejidad al asunto, especialmente porque grupos como las disidencias de las FARC ya han mostrado previamente su capacidad operativa en esta zona, como lo evidenció el ataque al helicóptero presidencial en 2021.
El presidente Petro ha sido tajante al señalar que los autores intelectuales de estos atentados son bien conocidos por su gobierno, aunque los nombres no han sido revelados de forma oficial. La referencia a los misiles, junto con la información sobre un dron que en su momento se acercó peligrosamente al avión presidencial, demuestra la creciente preocupación en las esferas de la seguridad nacional. Según fuentes cercanas al presidente, el gobierno tiene conocimiento de que los grupos criminales no sólo han mostrado su interés en derribar la aeronave presidencial, sino que también están trabajando con recursos adquiridos ilegalmente desde Venezuela, lo que complica aún más la seguridad de la región.
La amenaza de los misiles no es un incidente aislado. Ya en febrero, el presidente había hecho mención de otros atentados fallidos, como el uso de drones en la zona de Catam, en Bogotá. Estos hechos parecen confirmar una estrategia más amplia por parte de los grupos criminales que operan en la región del Catatumbo, conocida por ser un área de influencia de bandas narcoparamilitares y guerrilleras. La coincidencia con un episodio anterior en el que las disidencias de las FARC atacaron el helicóptero presidencial con varios disparos deja claro que estos grupos están dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para desestabilizar al gobierno colombiano.
Ante esta situación, el presidente Petro ha tomado la decisión de viajar en aviones privados, desafiando las normas de seguridad tradicionalmente establecidas por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Esta medida de seguridad responde a la creciente preocupación de que los aviones presidenciales sean fácilmente rastreados por organizaciones de inteligencia nacionales y extranjeras. En cambio, los aviones privados ofrecen un mayor grado de protección al presidente, aunque también complican la logística y aumentan las tensiones dentro de la seguridad presidencial.
Es en este contexto que la seguridad del presidente ha sido reforzada con la llegada del General Pedro Sánchez, actual Ministro de Defensa, a la Jefatura de Protección Presidencial. Sánchez, quien tiene una amplia experiencia en operaciones especiales, fue seleccionado para aportar su conocimiento en el manejo de la seguridad de altos funcionarios, dado que el gobierno considera que la situación actual demanda una respuesta contundente y eficaz. Además, la participación activa de la UNP en la estrategia de seguridad presidencial es vital para contrarrestar la amenaza latente de los grupos criminales.
Por otro lado, el endurecimiento del discurso de Petro contra el ELN (Ejército de Liberación Nacional) no ha pasado desapercibido. El presidente ha calificado al ELN de convertirse en una «mafia» al involucrarse en el narcotráfico, lo que ha generado tensiones no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Petro ha sido firme al afirmar que la guerrilla, en alianza con otros actores criminales, está detrás de estas acciones violentas, lo que pone de manifiesto el creciente control de estos grupos sobre ciertas zonas del país.
La relación con Venezuela también es un aspecto fundamental en este contexto. Para analistas como Jorge Mantilla, experto en crimen y seguridad, la vinculación de grupos como el ELN con el régimen venezolano es un factor clave. El ELN se ha convertido en un aliado estratégico para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que refuerza la influencia de los actores armados en la política colombiana. Esto, a su vez, complica los esfuerzos del gobierno colombiano por garantizar la seguridad del presidente y la estabilidad en las regiones fronterizas.
El caso de los misiles y los atentados fallidos es un claro ejemplo de la creciente violencia que azota a Colombia y de los riesgos que enfrenta la democracia en medio de un conflicto armado que parece no tener fin. La protección del presidente Petro y la seguridad del Estado colombiano están hoy más que nunca en juego, mientras los grupos criminales aprovechan la coyuntura para desafiar la autoridad del gobierno y sembrar el caos.
