El brote de fiebre amarilla en el Tolima no solo ha dejado un rastro preocupante de contagios, sino que ahora ha desatado una nueva confrontación política entre el Gobierno Nacional y una de las gobernaciones más afectadas. En esta ocasión, la controversia estalló luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a la gobernadora Adriana Magali Matiz de no haber girado los recursos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. La respuesta de la mandataria no se hizo esperar: “No mienta sobre mí”, le reclamó públicamente al jefe de Estado.
El cruce de señalamientos, que tuvo lugar a través de redes sociales, ha puesto de nuevo en evidencia las tensiones entre el Gobierno central y algunos mandatarios regionales. Pero más allá de la pugna verbal, lo que queda en entredicho es la coordinación institucional en medio de una crisis de salud pública que exige respuestas rápidas y articuladas. La fiebre amarilla, un virus que parecía controlado, ha resurgido con fuerza en departamentos como Tolima, generando una alerta que trasciende la política.
Adriana Matiz aseguró que desde octubre del año pasado se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación del Ministerio de Salud y que, el 13 de noviembre, el departamento decretó la emergencia pública sanitaria. Afirmó además que se han dispuesto recursos y estrategias para enfrentar la propagación del virus. Sus declaraciones apuntan a desmentir la narrativa presidencial de inacción por parte de la gobernación.
En el trasfondo del debate se evidencia una vieja dificultad en Colombia: la fragmentación de responsabilidades entre nación y territorios, especialmente cuando se trata de temas de salud pública. En épocas de crisis, la falta de una hoja de ruta común y la politización de la gestión sanitaria terminan por afectar la respuesta en terreno y la percepción ciudadana sobre quién realmente está actuando.
Desde el Ministerio de Salud, por su parte, se han emitido mensajes que intentan matizar la situación, insistiendo en la importancia del trabajo conjunto entre niveles de gobierno. Sin embargo, el cruce entre Petro y Matiz ya ha elevado el tono del debate. La salud pública, que debería ser un terreno de consenso técnico, se ha convertido en otro frente de disputa en el agitado escenario político nacional.
La fiebre amarilla no distingue partidos ni ideologías. Su expansión en zonas rurales del Tolima y en municipios que nunca antes habían registrado casos es un llamado de alerta. El virus se transmite a través de mosquitos y su avance silencioso puede poner en jaque comunidades enteras si no se refuerzan las campañas de vacunación, prevención y control del vector. En este contexto, cada día de discusión política es un día perdido para la acción efectiva.
El caso del Tolima plantea preguntas más amplias: ¿Qué tan preparada está la institucionalidad para responder a brotes epidémicos? ¿Cuáles son las fallas estructurales en la cadena de decisión entre Bogotá y las regiones? Y, sobre todo, ¿cuánto puede resistir la salud pública en medio de la polarización política? Las respuestas, aunque urgentes, siguen siendo escurridizas.
Mientras tanto, la ciudadanía espera claridad y resultados. La fiebre amarilla no es un debate, es una amenaza real. Y la historia reciente ha demostrado que cuando los líderes convierten las epidemias en trincheras políticas, el costo lo pagan siempre los más vulnerables.
