La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha resuelto la situación jurídica de 15 exintegrantes de la Fuerza Pública involucrados en los tristemente célebres casos de los falsos positivos, que involucraron la presentación de civiles inocentes como bajas en combate. Estos exintegrantes del Ejército Nacional no fueron hallados como los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Dabeiba, Antioquia, entre 1997 y 2007, pero han recibido un beneficio importante dentro del marco de la justicia transicional: la renuncia a la persecución penal. Este fallo, que se enmarca en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la reconstrucción del tejido social de Colombia.
Los exmilitares beneficiados por esta decisión incluyen dos capitanes, dos sargentos primeros y once soldados profesionales, todos retirados. Estos hombres formaban parte de los Batallones de Contraguerrilla No. 26 y No. 79, adscritos a la Brigada Móvil 11 del Ejército Nacional. En total, los comparecientes estuvieron vinculados con 14 hechos ocurridos durante el conflicto armado, que resultaron en 29 víctimas. Los casos, conocidos en el país como los falsos positivos, consisten en la ejecución extrajudicial de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, una práctica que se convirtió en uno de los episodios más oscuros y dolorosos del conflicto armado en Colombia.
La decisión de la JEP ha generado controversia. Aunque estos exintegrantes no fueron considerados máximos responsables de los crímenes, su implicación en los hechos ha sido reconocida en el marco de la justicia transicional. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargada de este tipo de resoluciones, argumentó que los comparecientes han cumplido con los principios establecidos por la justicia restaurativa. Según los magistrados, han aportado verdad, lo que significa que han colaborado con la identificación de los hechos y las víctimas, y han mostrado un compromiso con la no repetición de los crímenes.
El beneficio de renuncia a la persecución penal es un mecanismo de la justicia transicional que permite a los excombatientes o exfuncionarios públicos reincorporarse a la sociedad, luego de reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos. Este proceso busca no solo la reparación, sino también la reconciliación, otorgando una oportunidad para la reintegración efectiva de los comparecientes a la vida civil. Sin embargo, este tipo de decisiones también ha abierto un debate sobre la equidad y la reparación integral para las víctimas de estos hechos, que aún siguen clamando por justicia.
Para los defensores de los derechos humanos, la resolución de la JEP ha causado incomodidad, pues la decisión implica que los responsables de estos crímenes no enfrentarán una condena penal tradicional, sino que obtienen un beneficio por haber contribuido a esclarecer los hechos. La crítica se enfoca en que, a pesar de reconocer el daño causado, los involucrados no recibirán sanciones penalmente severas, lo que ha sido interpretado por algunos como una falta de justicia completa.
Por otro lado, los defensores del proceso de paz y de la justicia transicional argumentan que el enfoque de la JEP es fundamental para la construcción de una paz duradera en Colombia. La verdad, la reparación y la no repetición son pilares del sistema judicial establecido por el Acuerdo de Paz, y este fallo se enmarca dentro de esa filosofía, buscando la pacificación a través de la restauración y el arrepentimiento, en lugar de la venganza. Para ellos, los avances en este sentido son vitales para evitar la repetición de hechos tan dolorosos como los falsos positivos.
El caso de los exintegrantes de la Fuerza Pública beneficiados por la JEP es solo un ejemplo de los numerosos procesos que se están llevando a cabo bajo este sistema. La justicia transicional, que busca equilibrar el perdón con la justicia, sigue siendo un tema controversial y desafiante para el país. Sin embargo, los magistrados han destacado que este tipo de decisiones son imprescindibles para garantizar que todos los involucrados en el conflicto, tanto en el Ejército como en grupos armados ilegales, asuman su responsabilidad y contribuyan a la reconstrucción del país.
A medida que avanza la implementación de la justicia transicional en Colombia, este tipo de resoluciones continuarán generando debates sobre el balance entre justicia, paz y reparación. La pregunta sigue siendo si este modelo de justicia logrará, efectivamente, sanear las heridas del conflicto armado o si, por el contrario, se quedará corto en la búsqueda de una reparación plena para las víctimas. Mientras tanto, Colombia sigue avanzando en un camino difícil hacia la reconciliación y la paz duradera.
