La reciente audiencia pública sobre las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (Appa), convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha evidenciado las profundas divisiones entre el gobierno nacional y las autoridades locales del Suroeste antioqueño. En el centro del debate, el uso del suelo en esa subregión se ha convertido en una cuestión de alta tensión, con actores políticos, campesinos y autoridades locales enfrentándose abiertamente al Ministerio de Agricultura y al de Medio Ambiente.
Desde el inicio, la audiencia, que se celebró en la localidad de Támesis, estuvo marcada por una serie de posturas encontradas. Las ministras de Agricultura, Marta Carvajalino, y de Ambiente, Susana Muhamad, defendieron las Appa como una herramienta necesaria para regular el uso de la tierra en la región, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto a varios alcaldes y congresistas locales, mostraron su rotunda oposición. Estos últimos no solo exigieron la anulación de la resolución 0377, sino que anunciaron su intención de llevar la controversia hasta las últimas instancias legales.
El choque entre los representantes del gobierno nacional y los del departamento dejó en evidencia la creciente fractura entre ambos niveles de poder. Los opositores a las Appa sostienen que esta resolución, que propone restringir el uso de ciertos terrenos para la producción agrícola, es una imposición que podría perjudicar gravemente la economía local, especialmente en sectores como la ganadería y la agricultura. Además, señalan que la medida está en contravención con los principios constitucionales y podría tener motivaciones políticas o de otro orden que no han sido suficientemente aclaradas.
Por su parte, los funcionarios del gobierno central defendieron con firmeza las Áreas de Protección como un instrumento para proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad del territorio en el largo plazo. Sin embargo, lo que en principio se presentó como una sesión de socialización y diálogo se convirtió rápidamente en un escenario de confrontación política. La postura del gobierno local no dejó dudas: el gobernador Rendón anunció que la Gobernación impugnaría la norma ante el Consejo de Estado, buscando su nulidad por considerarla ilegal.
El clima de tensión ya venía gestándose antes de la audiencia, cuando la Gobernación radicó una demanda de nulidad contra la resolución 0377. Este paso legal fue interpretado como una declaración de guerra contra una medida que muchos ven como una amenaza a la autonomía de las regiones y al desarrollo económico local. La sospecha sobre el evento creció cuando los organizadores del encuentro habilitaron un formulario de inscripción que rápidamente fue suspendido, lo que muchos interpretaron como una estrategia para controlar la asistencia y manipular el ambiente a favor del gobierno.
La audiencia, organizada a raíz de una solicitud del Concejo de Támesis, estuvo marcada por una evidente polarización. El coliseo donde se celebró el evento se llenó de manifestantes que, armados con pancartas y consignas tanto a favor como en contra de las Appa, hicieron sentir su postura desde el inicio. A pesar de que la discusión estaba prevista para las 9:00 a.m., la espera se alargó hasta las 11:00 a.m., cuando finalmente llegaron los funcionarios del gobierno, que se vieron obligados a trasladarse por carretera debido a las condiciones climáticas adversas.
Este episodio refleja no solo la controversia en torno a la resolución 0377, sino también la creciente desconexión entre las decisiones tomadas en Bogotá y las realidades locales del territorio antioqueño. La disputa por el control del uso del suelo pone en juego no solo el futuro de la producción agrícola en la región, sino también el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, un desafío complejo que aún no parece tener una solución fácil. La controversia sigue abierta, y todo apunta a que las decisiones que se tomen en las próximas semanas seguirán alimentando este conflicto político y social.