Una vez más, el debate sobre los límites del poder y la vigencia de la ley en Colombia se instala en el corazón del Gobierno. Esta vez, el protagonista no es un escándalo de corrupción ni una tormenta política, sino un reloj implacable: la edad de retiro forzoso. Dos de los más cercanos colaboradores del presidente Gustavo Petro —Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Otty Patiño, alto comisionado para la Paz— se encuentran hoy en la cuerda floja, no por decisión política, sino por una norma clara: la Ley 1821 de 2016.
Esta ley, que establece los 70 años como límite de edad para ejercer funciones públicas, ha sido interpretada con flexibilidad en muchos gobiernos. Sin embargo, en el caso actual, los organismos de control han decidido actuar con contundencia. La Función Pública ya certificó que Rodríguez, quien alcanzó los 70 años el pasado marzo, debe abandonar el cargo de inmediato. Una señal clara de que, al menos en este caso, no hay margen para excepciones.
La situación de Otty Patiño, figura emblemática del proceso de paz y voz autorizada en la negociación con los grupos armados, es aún más compleja. A sus 80 años, su permanencia en el cargo no solo viola el umbral legal, sino que ha generado un proceso disciplinario en la Procuraduría. ¿Cómo sostener una narrativa de cambio y renovación, cuando se pasa por alto un límite legal tan evidente?
La paradoja es innegable: este era el “Gobierno de los jóvenes”, como lo proclamó Gustavo Petro desde su campaña. Sin embargo, los rostros que lo acompañan en posiciones estratégicas parecen representar una continuidad gerontocrática más que una renovación generacional. No se trata de edad cronológica como factor de mérito o capacidad, sino del cumplimiento de la ley, esa que debe regir incluso a los más veteranos.
Los críticos han reaccionado con fuerza. En redes sociales, la ironía y el escepticismo no se han hecho esperar. “¿Dónde está la coherencia del discurso progresista cuando se ignoran los principios básicos de la función pública?”, se preguntan algunos. Otros apuntan a una doble moral que predica juventud e innovación, pero que se resiste a soltar las riendas del poder cuando la ley así lo exige.
Este dilema plantea al presidente Petro una decisión ineludible. Puede anticiparse a las sanciones y reemplazar a Rodríguez y Patiño por funcionarios que cumplan con la normativa, o puede optar por la resistencia institucional, con los riesgos jurídicos y políticos que ello conlleva. En cualquier caso, la pelota está en su cancha, y su respuesta será observada no solo por la opinión pública, sino por los organismos de control.
Para el país, el mensaje también es claro: el respeto por las normas debe ser transversal. Ni las hojas de vida brillantes ni los aportes históricos pueden estar por encima de la legalidad. La institucionalidad democrática no se construye solo con discursos ni con símbolos, sino con actos concretos de coherencia.
En tiempos donde cada decisión gubernamental es analizada con lupa, el retiro de estos dos funcionarios no debería verse como una derrota, sino como una oportunidad de demostrar que este Gobierno sí está dispuesto a cumplir con la ley, aunque ello implique decir adiós a figuras cercanas. Porque el cambio verdadero también empieza por respetar las reglas del juego.
