El conflicto entre el gobierno de Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se intensifica día tras día, en medio de la creciente deuda del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el impago de los subsidios de servicios públicos. La solicitud del Gobierno de inspeccionar a la empresa ha desatado una ola de declaraciones, entre ellas, la acusación de Gutiérrez de que esta acción responde a una «venganza política» por parte del presidente Petro. Según el alcalde, la medida no sería más que un intento de intimidación hacia las autoridades locales que han decidido tomar medidas legales para defender los intereses de la ciudad.
El origen del conflicto radica en la deuda millonaria de $1.2 billones que el Estado ha acumulado con EPM, específicamente por los subsidios no pagados a la empresa antioqueña. En respuesta, EPM ha optado por demandar al Gobierno Nacional, una acción que ha encendido la chispa del enfrentamiento. La solicitud de inspección sobre la compañía fue vista por Gutiérrez como un claro intento de atemorizar a otras ciudades que pudieran seguir el ejemplo de Medellín y optar por la vía judicial para resolver sus diferencias con el Gobierno.
Federico Gutiérrez, lejos de mantenerse al margen de la disputa, ha señalado con contundencia que el presidente Petro ha dejado ver su faceta autoritaria al intentar someter a EPM bajo la lupa del control estatal. El alcalde considera que la acción no tiene fundamentos legales sólidos, y acusa al Gobierno de usar el poder para castigar a la ciudad por su postura firme ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. A su juicio, esta acción es una manifestación clara de «odio» y «rabia» por parte de la administración central.
El Gobierno, por su parte, argumenta que la inspección solicitada a EPM responde a las competencias constitucionales de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad encargada de la supervisión y control de las prestadoras de servicios en el país. En este contexto, la solicitud de inspección busca esclarecer los procesos y prácticas de la empresa, especialmente en lo que respecta al manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la acusación de que esta intervención está motivada por razones políticas continúa en pie.
El malestar de Gutiérrez también se ve alimentado por el timing de la solicitud. Un día antes de que se conociera la noticia de la solicitud de inspección, un juez de Bogotá había ordenado el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional como parte de una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). Este fallo fue una respuesta a la misma deuda de subsidios que ha sido el detonante del enfrentamiento con EPM, lo que para Gutiérrez refuerza la idea de que el Gobierno está recurriendo a tácticas de presión para desviar la atención de sus problemas financieros.
Este episodio pone en evidencia las tensiones políticas que atraviesan las relaciones entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, especialmente en el contexto de un país que atraviesa importantes desafíos económicos y fiscales. La disputa, aunque ostensiblemente centrada en el tema de los subsidios de servicios públicos, refleja una lucha por el control de las decisiones que afectan el bienestar de millones de ciudadanos. La manera en que se resuelva este conflicto podría sentar un precedente importante sobre la autonomía de las entidades territoriales frente al poder central.
A pesar de las tensiones, Gutiérrez ha dejado claro que EPM no tiene nada que esconder. La empresa antioqueña está dispuesta a entregar toda la información necesaria para esclarecer cualquier duda que surja, siempre dentro de los marcos legales correspondientes. Sin embargo, el alcalde sostiene que la verdadera intención del Gobierno es someter a la empresa y enviar un mensaje disuasorio a otras ciudades que puedan pensar en recurrir a las instancias judiciales para resolver sus propios conflictos con el Ejecutivo.
La situación es, sin duda, un reflejo de los complejos desafíos que enfrentan los gobiernos locales al tratar de equilibrar sus responsabilidades frente a los ciudadanos y la presión que ejercen las instituciones centrales. En este sentido, el papel de EPM como motor económico de Medellín es fundamental, no solo por su contribución a la infraestructura urbana, sino por su influencia en la calidad de vida de los habitantes de la región. El desenlace de esta disputa tendrá repercusiones que irán más allá de la relación entre el alcalde y el presidente, y podría marcar un hito en la historia de la administración pública en Colombia.
