El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar asumió en 2025 la presidencia de la Corte Constitucional, uno de los cargos más influyentes y delicados del sistema judicial colombiano. En su primer discurso tras la elección, Ibáñez destacó la importancia de mantener la independencia del alto tribunal y de cumplir con su función sin temor, a pesar de las tensiones políticas y sociales que suelen rodear a la Corte. Con una serie de casos de alto perfil en el horizonte, su liderazgo será clave para las decisiones que marcarán el rumbo del país.
La relación entre la Corte Constitucional y la Presidencia de la República ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. En diversas ocasiones, la administración presidencial ha cuestionado algunas de las decisiones tomadas por el alto tribunal, lo que ha generado un ambiente de tensión entre ambos poderes. Ante esta realidad, Ibáñez enfatizó que su papel al frente de la Corte es garantizar que el tribunal actúe conforme a la Constitución, sin dejarse influenciar por presiones externas, y que continuará cumpliendo con su labor sin miedo ni complacencias.
En la entrevista, Ibáñez también se refirió al uso de tecnologías como Pegasus, cuyo uso en la interceptación de comunicaciones ha sido un tema candente en la política y la justicia del país. Aunque el presidente de la Corte se mostró preocupado por las implicaciones de este tipo de tecnologías, dejó claro que su objetivo es proteger la privacidad y la seguridad de los magistrados y de las instituciones que supervisa. «No podemos permitir que nuestras comunicaciones sean vulneradas, ya que eso atenta contra la libertad y la independencia judicial», subrayó.
El presidente electo de la Corte Constitucional también se mostró firme en su compromiso de abordar los grandes casos que el tribunal tendrá que resolver durante su mandato. Entre ellos se encuentran decisiones clave sobre temas de alto interés público, como la legalización de sustancias psicoactivas, la reforma al sistema de salud y las reformas laborales propuestas por el gobierno de Petro. Ibáñez expresó que la Corte está trabajando «a toda máquina» para analizar estos temas de manera profunda y con total imparcialidad.
Uno de los desafíos más importantes para Ibáñez será gestionar la salida de cuatro magistrados de la Corte, un proceso que podría alterar el equilibrio del alto tribunal en los próximos meses. Estos cambios de personal podrían tener implicaciones significativas en las decisiones futuras del tribunal, especialmente si los nuevos magistrados tienen posturas ideológicas diferentes a las de quienes se retiran. El presidente de la Corte señaló que la renovación de la Corte debe ser un proceso transparente y respetuoso con la Constitución, asegurando que los nuevos magistrados sean seleccionados con base en su mérito y capacidad.
A pesar de estos retos, Ibáñez se mostró confiado en la capacidad de la Corte Constitucional para continuar desempeñando su papel como garante de los derechos fundamentales de los colombianos. En su opinión, el alto tribunal debe seguir siendo un espacio de reflexión y discusión, alejado de los intereses políticos inmediatos, y centrado únicamente en la protección de la Carta Magna y los principios democráticos. «Tenemos un mandato claro: velar por el respeto a los derechos humanos y la justicia social», afirmó con firmeza.
El gobierno de Gustavo Petro, con sus propuestas de cambio en áreas clave como la salud, la justicia y la educación, está bajo la lupa de la Corte Constitucional, que deberá decidir si algunas de estas reformas son compatibles con la Constitución. En este contexto, Ibáñez dejó claro que la Corte no se dejará influenciar por las presiones políticas, y que cada decisión será tomada con base en un análisis riguroso y profundo de los casos presentados. «Nuestro trabajo es velar por el bienestar de la sociedad y garantizar que las reformas del gobierno sean constitucionales», afirmó.
Finalmente, el presidente de la Corte subrayó la importancia de que los colombianos confíen en las instituciones judiciales y en su imparcialidad. A pesar de las críticas y los cuestionamientos, Ibáñez instó a la sociedad a mantener la confianza en el sistema judicial, ya que es el único camino para asegurar que el país siga siendo un estado democrático y de derecho. En medio de los desafíos y las tensiones, la Corte Constitucional seguirá siendo, según Ibáñez, un bastión fundamental de la justicia en Colombia.
