En un país donde la política se confunde con el espectáculo y las declaraciones presidenciales adquieren el tono de un drama nacional, las palabras del presidente Gustavo Petro durante su reciente consejo de ministros televisado se convirtieron en un manifiesto de defensa, confrontación y distancia. En su alocución, el jefe de Estado negó rotundamente cualquier vínculo entre su Gobierno y el presunto pago de sobornos al senador Iván Name, figura central en la más reciente tormenta política que sacude a la ya desgastada institucionalidad colombiana.
“Nosotros no compramos congresistas ni yo ordeno eso”, afirmó Petro, en una frase que no solo sirve de línea divisoria entre su administración y la corrupción, sino que busca blindar políticamente su legado reformista. Lo hizo al referirse a las explosivas declaraciones de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, quien explicó al senador Name en el presunto desvío de $3.000 millones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), con el objetivo de influir en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Pero más allá de la contundencia de sus palabras, Petro aprovechó el momento para dibujar a Iván Name como un antagonista de su proyecto político. Según el mandatario, Name no solo fue un obstáculo para su ambiciosa agenda reformista —en particular, la reforma pensional—, sino que su postura habría puesto en riesgo el trámite mismo de dicha iniciativa en el Congreso. “Desde el día uno y hasta el final fue un enemigo del Gobierno”, sentenció Petro, como quien marca con fuego la distancia entre aliados y adversarios.
El telón de fondo de esta disputa es el escándalo por la corrupción en la UNGRD, una entidad que, paradójicamente, nació para gestionar desastres naturales y hoy se ve envuelta en uno de tipo ético e institucional. La mención del senador Name en esta trama no es menor: él presidía el Congreso en el momento clave de la elección de Fernández, y su nombre aparece como supuesto receptor de millonarios recursos desviados, si se confirma la versión de Ortiz ante la Fiscalía.
Las afirmaciones del presidente también deben leerse como un intento de desmarcarse de sectores del partido Verde, al que pertenece Name. “Los verdes de ese sector robaron dinero para elegir concejales. Ellos no son del Gobierno y no nos ayudan ni cinco”, dijo Petro, en una frase que no solo busca deslindar responsabilidades, sino también redibujar el mapa de sus verdaderos aliados políticos en medio de la fragmentación del Congreso.
Sin embargo, la fuerza de la declaración presidencial no resuelve el fondo del problema: el país sigue atrapado en un sistema político que parece más interesado en sobrevivir que en transformarse. Mientras los escándalos se suceden uno tras otro, y mientras se ventilan responsabilidades individuales, la confianza ciudadana en las instituciones continúa erosionando peligrosamente.
Petro, fiel a su estilo, optó por la confrontación directa y la afirmación moral de su postura. Pero en un escenario donde la verdad es tantas veces manipulada y los actores políticos son maestros en el arte del disimulo, las investigaciones judiciales, más que las declaraciones, serán las que definan quién está diciendo la verdad y quién simplemente está cuidando su capital político.
En tanto, el país espera respuestas más allá del ruido. Porque si algo ha demostrado esta nueva crisis es que no basta con negar las alianzas con la corrupción: es necesario demostrar, con hechos, que se gobierna con integridad. ¿Estará el Gobierno a la altura de ese reto?
