En la larga noche judicial del lunes, entre códigos, alegatos y silencios tensos, no fueron los cargos por peculado ni los argumentos de la Fiscalía los que acapararon los titulares del día siguiente. Fue un regaño. Un regaño seco, firme y sin titubeos, como los que solían impartir los viejos profesores de derecho o las abuelas antioqueñas cuando la compostura se quedaba corta frente al sentido común. Esta vez, la lección vino del juez 50 Penal de Medellín y tuvo como destinatario a Daniel Quintero, exalcalde de la capital antioqueña y hoy figura central en un proceso que ha levantado más de un ceño.
“Sea respetuoso con sus compañeros y con sus conciudadanos”, sentenció el togado, luego de reiterados llamados al orden por parte de Quintero durante una audiencia que ya iba por más de ocho horas. No era una frase lanzada al aire ni una formalidad retórica: era una advertencia con peso simbólico, la que se da a alguien que, por su exposición pública y su responsabilidad histórica, no puede comportarse como un ciudadano más. Porque Quintero no es solo un acusado: es un exmandatario que aún reclama un lugar en el debate nacional.
La imputación que enfrenta —por los presuntos delitos de prevaricato y peculado en favor de terceros, relacionados con la compra del predio Aguas Vivas— es apenas el telón de fondo de una escena mucho más amplia. La comparecencia ante la justicia del exalcalde ha ido convirtiéndose en un escenario paralelo donde se cruzan su estilo confrontacional, su afán por politizar el proceso y la resistencia de las instituciones a dejarse arrastrar por la teatralidad.
No es la primera vez que Quintero protagonizó un choque con la institucionalidad. Su paso por la Alcaldía estuvo marcado por una narrativa de antagonismo: contra el “establecimiento”, contra el empresariado paisa, contra los órganos de control. A su favor, logró posicionarse como una figura disruptiva, moderna, digital. En contra, acumuló controversias, sanciones y ahora, investigaciones penales. El regaño del juez sólo puso en voz alta lo que muchos ya habían advertido: la forma también es fondo.
Las palabras del juez no sólo apuntaban al orden procesal, sino al ejemplo. Porque el proceso judicial, además de técnico, es también un acto pedagógico. Y cuando una figura pública desconoce los límites del respeto y el turno de la palabra, la sanción simbólica importa tanto como la jurídica. La dignidad del estrado exige silencio donde debe haberlo, y mesura donde se pretende imponer el caos.
Para quienes defienden a Quintero, la escena puede ser leída como otra evidencia del «cerco» institucional. Para sus detractores, es una muestra más del talante irreverente que a veces raya en lo temerario. Pero más allá de simpatías o antipatías, el llamado de atención deja claro que ni la inteligencia, ni el liderazgo, ni la trayectoria eximen a nadie del decoro mínimo que exige un tribunal.
Colombia, acostumbrada al espectáculo político-judicial, ha visto desfilar en los estrados a presidentes, gobernadores y senadores. Algunos asumieron sus defensas con humildad jurídica; otros, como Quintero, han optado por llevar sus batallas al terreno mediático. Lo cierto es que, con su comportamiento, el exalcalde se expone no solo a un juicio penal, sino a una condena ética que, aunque no la imponga el juez, sí la dicta la ciudadanía.
Y es que la justicia, más que castigar, educa. En ese sentido, la noche del lunes no solo avanzó en términos jurídicos: también nos recordó que el respeto —esa virtud tan escasa como urgente— sigue siendo una exigencia fundamental en la esfera pública. A veces, para restaurar el equilibrio, basta con que alguien recuerde con firmeza que las reglas existen, incluso para quienes alguna vez las dictaron.
