En una decisión que retumba con fuerza en los cimientos del Congreso, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha anulado la elección de los senadores Jhon Jairo Roldán, del Partido Liberal, y Alirio Barrera, del Centro Democrático, como primer y segundo vicepresidente del Senado, respectivamente, para el periodo legislativo 2024-2025. El fallo no solo altera la composición de la mesa directiva de la corporación, sino que revive un debate crucial: ¿están realmente representadas las minorías y se está cumpliendo con la equidad de género en los altos cargos del poder legislativo?
La sentencia, que responde a una demanda de nulidad electoral, declaró inválida el acta de la sesión del pasado 20 de julio, fecha en la que fueron elegidos Roldán y Barrera. Según el alto tribunal, dicha elección vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el derecho a la participación de las fuerzas minoritarias y la obligación de garantizar la alternancia de género en la mesa directiva del Senado, una norma que no ha sido plenamente atendida en reiteradas ocasiones.
Esta decisión jurídica tiene un impacto que trasciende lo simbólico. En el Congreso, donde cada asiento en la mesa directiva representa cuotas de poder, acceso a decisiones administrativas y visibilidad política, la salida de dos figuras tan reconocidas como Roldán y Barrera configura el tablero de fuerzas. El Consejo de Estado ha enviado un mensaje claro: el cumplimiento de la ley no es optativo, y los cargos de elección dentro del Legislativo deben respetar los criterios de inclusión que la Constitución consagra.
Ambos congresistas, conocidos por su activismo partidista y presencia en debates nacionales, han reaccionado con cautela. Mientras Roldán lamentó la decisión pero acató el fallo, Barrera, exgobernador de Casanare y figura emblemática del uribismo rural, manifestó que se trata de una interpretación forzada de la norma. No obstante, el pronunciamiento del alto tribunal no deja espacio para ambigüedades: las reglas del juego democrático deben ser respetadas sin excepciones.
La controversia no es nueva. En años anteriores, ya se habían presentado reparos por el incumplimiento de la equidad de género y la falta de representación de minorías en los órganos de dirección del Congreso. Pero esta vez, el veredicto judicial ha sido contundente. En lugar de críticas al margen, hay consecuencias institucionales concretas, y con ello se abre la puerta a una discusión más profunda sobre la manera en que se eligen las directivas del Legislativo.
La pregunta que ahora ronda a los corredores del Capitolio es quiénes ocupan los espacios vacantes. La recomposición de la mesa directiva no solo dependerá del cálculo partidista, sino también del cumplimiento riguroso de los criterios que dieron origen al fallo. Esto obligará a los partidos políticos a mirar más allá de sus figuras tradicionales y considerar perfiles que garanticen diversidad y representación real.
Lo cierto es que esta decisión del Consejo de Estado revitaliza el control de legalidad sobre los procedimientos internos del Congreso. En un país donde la representación política aún enfrenta retos históricos, y donde la alternancia de género suele ser una promesa más que una práctica, este fallo marca un precedente importante. La institucionalidad habló, y lo hizo con firmeza.
En tiempos de descrédito político y creciente exigencia ciudadana, la justicia parece estar recordando al poder legislativo que el respeto por las formas es tan importante como la legitimidad de fondo. Roldán y Barrera salieron por la puerta de la ley, no por falta de votos, sino por no garantizar una democracia que sea tan amplia como representativa.
