En medio del debate nacional que ha desatado la reforma pensional, el Gobierno ha dado un paso determinante que busca garantizar la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas. Se trata de la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), una nueva figura que fue reglamentada mediante el Decreto 574 de 2025 y que será administrada por el Banco de la República. La idea es sencilla en el papel, pero ambiciosa a su alcance: construir un colchón financiero robusto, blindado contra los vaivenes políticos, que asegure el pago de pensiones futuras dentro del régimen público, es decir, Colpensiones.
Este fondo tendrá una función estratégica: evitar que el creciente déficit de Colpensiones siga absorbiendo buena parte del Presupuesto General de la Nación. En efecto, año tras año el Estado tiene que cubrir con recursos fiscales las mesadas que el sistema no logra financiar con las cotizaciones de los trabajadores activos. La meta, explican desde el Ministerio de Hacienda, es clara: «estabilizar el flujo de las mesadas en el tiempo», reducir la presión sobre las finanzas públicas y enviar un mensaje de confianza a las generaciones más jóvenes que hoy dudan de si algún día podrán pensionarse.
El Fapc, aunque alimentado con recursos públicos, tendrá un régimen jurídico especial. Tendrá naturaleza parafiscal, lo que significa que sus recursos estarán marcados con un propósito específico y no podrán desviarse para otros fines del Estado. Además, serán inembargables y estarán protegidos por ley contra el uso político o financiero indebido. Un candado institucional que, en teoría, impide que cualquier gobierno futuro meta mano en ese ahorro colectivo para tapar huecos fiscales o financiar gasto corriente.
¿Y de dónde saldrán los recursos que alimentarán este fondo? Serán cinco las principales fuentes: primero, una porción de las cotizaciones obligatorias que hacen los trabajadores al régimen público, hasta por 2,3 salarios mínimos. Segundo, un aporte solidario del 1% para quienes ganan por encima de ese umbral. Tercero, traslados desde los fondos privados, especialmente de quienes hagan uso de la «ventana de oportunidad» o estén en proceso de transición hacia el nuevo modelo. Cuarto, los ahorros individuales que se redirigen una vez se reconoce la pensión, y finalmente, otras fuentes de ingresos definidas por ley.
El papel del Banco de la República será clave, no solo como custodio del fondo, sino como gestor técnico del mismo. Aunque no invertirá los recursos directamente, diseñará las estrategias de colocación bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Es decir, sin arriesgar el capital, pero buscando que crezca lo suficiente para cumplir su misión de sostenibilidad. La ejecución operativa quedará en manos de un mandatario fiduciario, que también será elegido bajo parámetros de idoneidad y supervisión estricta.
Este fondo marca una diferencia fundamental respecto a las promesas abstractas de sostenibilidad del pasado. Aquí hay una arquitectura institucional concreta, con normas, actores y fuentes específicas, que podría —si se maneja con rigor y transparencia— convertirse en un referente regional. Pero también plantea desafíos: el seguimiento ciudadano, el control político y la vigilancia técnica serán esenciales para que el Fapc no se convierta en un elefante blanco o una caja menor de intereses ocultos.
En un país donde las reformas muchas veces se agotan en el papel, este fondo podría ser la excepción que marque el inicio de una nueva era en el sistema pensional. Una era que no solo prometa dignidad para los adultos mayores, sino que la garantice con responsabilidad, planeación y visión de largo plazo. Porque asegurar las pensiones del mañana, comienza con decisiones firmes hoy.
