El conflicto entre el gobierno de Gustavo Petro y los gremios empresariales alcanzó un nuevo nivel con la reciente solicitud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) a la Corte Constitucional para que declare inexequible el Decreto 0062 de 2025, que instauró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo. Este pronunciamiento ha generado una serie de reacciones tanto desde el gobierno como desde los sectores privados, desatando una disputa que refleja las profundas diferencias entre las visiones de seguridad y manejo del orden público del actual gobierno y el sector empresarial.
El decreto, firmado por el presidente Petro, pretende utilizar la medida excepcional del Estado de Conmoción Interior como herramienta para hacer frente a la creciente crisis de orden público en la región del Catatumbo, una de las más afectadas por la violencia generada por grupos armados ilegales. La decisión de instaurar esta medida ha sido defendida por el gobierno, argumentando que se trata de una respuesta necesaria frente a la situación de emergencia en la zona, donde la presencia del narcotráfico y otros actores violentos han desbordado las capacidades de las autoridades ordinarias.
Sin embargo, la Andi ha cuestionado de manera enfática la legalidad y la justificación detrás de la medida. En una carta dirigida a la magistrada Paola Meneses, la vicepresidencia jurídica de la Andi, representada por Alfonso Palacios Torres, expuso que el Decreto 0062 de 2025 carece de una justificación sólida, al considerar que las afirmaciones que sustentan la necesidad del estado de conmoción interior son, en muchos casos, contradictorias y carecen del respaldo necesario para activar una medida de tal magnitud. En particular, el gremio empresarial ha señalado que el decreto no demuestra de manera fehaciente que las herramientas ordinarias del gobierno sean insuficientes para hacer frente a la crisis.
Uno de los puntos más críticos para la Andi se encuentra en la exposición de motivos del decreto, en la que se menciona la necesidad de incorporar nuevos gastos al presupuesto nacional para hacer frente a los desafíos de seguridad. Para los empresarios, este argumento no tiene cabida en una medida de conmoción interior, que según la ley debe estar fundamentada en una amenaza grave e inmediata a la estabilidad del orden público. Según los gremios, la mención de gastos adicionales como justificación de una medida tan drástica puede interpretarse como una forma de improvisación por parte del gobierno.
A este reclamo de la Andi se sumaron también otras organizaciones gremiales, como la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón, quienes comparten las inquietudes sobre la legalidad y la efectividad del decreto. Estos sectores, que operan en regiones cercanas al Catatumbo, temen que la implementación de la medida pueda generar un clima de incertidumbre y violencia aún mayor en áreas donde la actividad económica ya se ve afectada por el conflicto armado.
Desde el lado del gobierno, la respuesta de Petro no se hizo esperar. El presidente criticó duramente a los empresarios y señaló que la solicitud ante la Corte Constitucional refleja un intento de proteger los intereses de unos pocos frente a las necesidades urgentes de la mayoría. En su discurso, Petro defendió la validez del decreto, argumentando que la situación en el Catatumbo ha llegado a un punto tal que las medidas convencionales no son suficientes para garantizar la seguridad de los habitantes de la región y el restablecimiento del orden.
La polémica también ha generado un debate más amplio sobre el uso del Estado de Conmoción Interior en Colombia. Esta medida, que otorga al presidente poderes excepcionales para enfrentar situaciones de grave perturbación del orden público, ha sido históricamente un tema de controversia. Si bien algunos sectores consideran que es una herramienta necesaria ante situaciones de extrema violencia, otros la ven como un riesgo para la democracia y los derechos humanos, argumentando que puede ser utilizada de manera excesiva o desproporcionada.
Lo que está claro es que el choque entre la Andi y el gobierno de Petro no solo refleja la tensión entre los intereses del sector privado y las políticas del Ejecutivo, sino también la profunda división sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad en el país. Con la solicitud de la Andi ante la Corte Constitucional, la decisión sobre la legalidad del decreto queda ahora en manos de los magistrados, quienes tendrán que ponderar si el uso del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo es una medida justificada o si, por el contrario, representa un abuso de poder.
En este contexto, la situación del Catatumbo sigue siendo un desafío central para el gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, la disputa entre los gremios empresariales y el Ejecutivo sobre cómo abordar la crisis continúa profundizándose, con la posibilidad de que la Corte Constitucional decida si la medida debe mantenerse o si, por el contrario, debe ser suspendida. La tensión entre el gobierno y los sectores productivos parece haber alcanzado su punto más álgido, y lo que ocurra en los próximos días podría tener consecuencias significativas para el futuro de la región y la política de seguridad del país.
