La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, ha tomado una medida crucial para el futuro económico del país: el seguimiento permanente a la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Este paso surge como respuesta a la creciente preocupación por la baja en el recaudo tributario, una situación que afecta gravemente las finanzas públicas y pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales del Gobierno. La decisión refleja la importancia de garantizar una fiscalización efectiva para asegurar la estabilidad económica del país en un contexto de incertidumbre y presión sobre las cuentas del Estado.
La alarma se encendió cuando se observó que la meta de ingresos fijada inicialmente por el Gobierno, de $315,86 billones, sufrió una reducción significativa a $287,4 billones, lo que implicó un recorte de $28,4 billones en las proyecciones. Sin embargo, a pesar de este ajuste, el recaudo real alcanzó solo el 85,4% de la meta, lo que equivale a $245,4 billones, una disminución de 11 puntos porcentuales respecto al año 2023. Esta caída en el recaudo tributario no solo pone en evidencia la ineficiencia de la gestión fiscal, sino que también refleja un déficit que compromete seriamente el financiamiento del gasto público y la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.
La situación se agrava aún más cuando se considera que, para el año 2025, el Gobierno Nacional se vio obligado a reducir en $12 billones su estimación de ingresos debido a la no aprobación de la Ley de Financiamiento, una situación que evidencia la falta de consenso político en torno a las reformas fiscales necesarias. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que el recaudo tributario en el mediano plazo será inferior en $34 billones a lo planteado en el Plan Financiero del Gobierno. Este escenario podría llevar a un mayor desequilibrio en las cuentas fiscales y a una presión adicional sobre las finanzas públicas, lo que hace aún más urgente la intervención de la Contraloría.
El déficit generado por esta caída en los ingresos tributarios no solo es una cifra alarmante, sino que tiene implicaciones profundas para el sostenimiento de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la educación, la salud y la infraestructura. El seguimiento a la Dian se convierte, entonces, en una herramienta fundamental para asegurar que los recursos disponibles sean manejados de manera eficiente y que el sistema tributario sea fortalecido para evitar futuros desajustes. La Contraloría ha señalado que el monitoreo abarcará el período de enero a junio de 2025, con un enfoque particular en la evolución de los ingresos tributarios y su relación con el gasto público.
La vigilancia que implementará el ente de control no solo consistirá en la recopilación y análisis de información, sino que también implicará la articulación con el control interno de la Dian y la realización de actuaciones especiales de fiscalización. Este enfoque integral busca garantizar que el recaudo tributario se realice de manera transparente y conforme a las leyes, evitando irregularidades que puedan agravar aún más la situación fiscal del país. Además, se espera que este monitoreo permita emitir alertas tempranas sobre posibles fallas en el sistema tributario, lo que podría permitir tomar acciones correctivas a tiempo.
El objetivo final de este seguimiento es contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico 2022-2026 de la Contraloría, que busca reforzar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento del marco fiscal en el mediano y largo plazo. La estabilidad económica de la nación depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para generar los recursos necesarios a través de un sistema tributario eficiente y equitativo. En este contexto, el rol de la Contraloría como ente de control y fiscalización es más crucial que nunca.
La situación actual, marcada por la reducción de ingresos y el aumento del déficit fiscal, pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema tributario del país. La Contraloría, al poner en marcha este seguimiento, no solo actúa como un órgano de control, sino como un garante de la transparencia y la responsabilidad fiscal. Las próximas semanas y meses serán decisivos para determinar si las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades competentes serán suficientes para corregir el rumbo y evitar que el país se adentre en una crisis fiscal aún más grave.
El seguimiento permanente a la Dian será un proceso clave para evaluar la eficacia de la política fiscal del país y para garantizar que el sistema tributario sea realmente un motor de desarrollo y sostenibilidad económica. La Contraloría, al asumir este rol vigilante, está dando un paso importante hacia la construcción de una Colombia más responsable y transparente en el manejo de sus recursos públicos. Este es un momento crucial para revaluar las prioridades del Gobierno y para reafirmar el compromiso con una política fiscal justa y eficiente, que permita a Colombia enfrentar los desafíos económicos de los próximos años con solvencia y estabilidad.
