Una vez más, el presidente Gustavo Petro se pone al frente de una apuesta política de alto voltaje: una consulta popular que, según sus palabras, no solo debe discutirse en el Congreso, sino también ser defendida en las calles por el mismo pueblo. En su alocución del lunes festivo, el mandatario no dejó lugar a ambigüedades: él mismo radicará ante el Senado el texto de convocatoria, justo el 1 de mayo, cuando sindicatos y sectores afines al Gobierno marcharán por todo el país.
Este martes, el Ministerio del Interior revelará el contenido de las preguntas que se someterán a consideración ciudadana. Aunque aún no se conocen oficialmente, se espera que giren en torno a los temas que han marcado la agenda reformista de Petro: salud, trabajo, pensiones, servicios públicos y, probablemente, participación ciudadana. El presidente ha dejado claro que, si el Congreso no aprueba sus reformas, será el pueblo quien deba decidir.
Con esta jugada, el Ejecutivo busca no solo reanimar su proyecto político —enfrentado a una dura resistencia legislativa—, sino también poner a prueba la capacidad de movilización popular que lo llevó al poder en 2022. El mensaje es claro: si la institucionalidad se cierra, se abrirá la calle como escenario de legitimación. Una estrategia riesgosa, pero coherente con la narrativa que Petro ha construido desde sus primeros días en la Casa de Nariño.
La consulta popular, sin embargo, no es un mecanismo sencillo. Su convocatoria requiere mayoría en el Senado y en la Cámara, y el Gobierno necesitará reunir al menos 60 votos a favor en la plenaria de la Cámara Alta. Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, ha dicho confiar en que ese umbral se alcanzará, pero la correlación de fuerzas en el Congreso sigue siendo frágil, y muchos partidos aún no definen posición frente al mecanismo.
Más allá del trámite legislativo, la consulta también despierta tensiones sobre su conveniencia y oportunidad. Para algunos analistas, se trata de una herramienta legítima en una democracia participativa. Para otros, es un intento de plebiscitar una gestión cuestionada, en medio de una economía con desafíos crecientes y una agenda legislativa trabada. En cualquier caso, Petro parece decidido a jugar esta carta con todas sus consecuencias.
El llamado a duplicar las marchas del 1 de mayo busca justamente eso: mostrar fuerza en las calles antes de que el texto llegue al Senado. En ese contexto, las movilizaciones se convierten en un termómetro del respaldo popular, pero también en una advertencia implícita al Legislativo. Si el Congreso bloquea la consulta, el Gobierno podría acusarlo de cerrar la puerta a la voluntad ciudadana. Si la aprueba, abre un nuevo campo de batalla en las urnas.
La estrategia tiene precedentes. Desde Chávez en Venezuela hasta Uribe en Colombia, varios mandatarios han recurrido a mecanismos de consulta cuando sus reformas han encontrado resistencia institucional. Lo que está en juego no es solo el contenido de las preguntas, sino la lectura política de su resultado: ¿un mandato para seguir adelante o un plebiscito sobre el rumbo del Gobierno?
En cualquier escenario, lo cierto es que la consulta popular será el nuevo eje de confrontación entre el Ejecutivo y sus opositores. Un pulso que se jugará en el Congreso, en las plazas y eventualmente en las urnas. Y en esa arena múltiple, el Gobierno mide no sólo su capacidad legislativa, sino también su aliento político. Porque en la democracia —como bien dijo Sanguino— el pueblo manda. Pero también observa, evalúa y vota.
