En un país donde la justicia se mide no solo por su rigor sino también por su oportunidad, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes vuelve a quedar bajo los reflectores, esta vez por un episodio que raya entre la negligencia y el cálculo político. La controversia estalló cuando se conoció que dicha comisión tardó nueve meses en convocar al ciudadano Esteban López para ampliar su denuncia por presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Una demora que no solo indigna, sino que reaviva los fantasmas de impunidad en los pasillos del Congreso.
Desde el 19 de julio de 2024, los representantes Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Carlos Cuenca fueron designados como investigadores del caso. Sin embargo, solo hasta marzo de 2025 se materializó el llamado al denunciante. El largo silencio institucional levanta una pregunta inevitable: ¿la Comisión actúa con independencia o con connivencia? Porque no es la primera vez que esta célula legislativa, encargada de investigar al presidente y otros altos funcionarios, es señalada por su pasividad crónica.
La opinión pública no ha tardado en bautizarla como la «Comisión de Absoluciones», un título irónico pero tristemente preciso. No se trata de una metáfora exagerada: en su historial, la Comisión ha engavetado procesos contra mandatarios de turno y ha dejado sin resolución decenas de denuncias de gran calado. Lo que debía ser un pilar de equilibrio institucional, se ha convertido, a ojos de muchos, en un cómodo refugio para la evasión de responsabilidades.
Más allá del caso puntual de Petro, lo que está en juego es la credibilidad de una instancia clave del sistema político colombiano. ¿Cómo confiar en un ente que necesita casi un año para siquiera escuchar al denunciante? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos cuando las investigaciones de mayor sensibilidad política se manejan con tal laxitud? Cada día de demora erosiona no solo la fe en la Comisión, sino también la legitimidad del Congreso en su conjunto.
Lo más preocupante es que este caso no es aislado. La investigación presentada por el congresista Alirio Uribe, también por presuntas irregularidades en la campaña de Petro, permanece en el limbo. No hay decisiones, no hay pruebas decretadas, y mucho menos respuestas claras a los ciudadanos. La parálisis, más que una falla técnica, parece una estrategia de desgaste y olvido.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa su mandato sin mayores sobresaltos judiciales por esta vía. Y aunque ninguna denuncia debe convertirse en una condena anticipada, tampoco se puede tolerar que la institucionalidad funcione con frenos selectivos según el protagonista de turno. La justicia, incluso en su vertiente política, no puede ser rehén del calendario electoral ni de las lealtades partidistas.
Si la Comisión de Acusación quiere dejar de ser vista como un simple mecanismo de archivo, debe actuar con prontitud, transparencia y rigor. No se trata de perseguir a nadie, sino de honrar el principio de legalidad que rige a cualquier democracia funcional. El país no necesita más espectáculos de lentitud calculada; necesita respuestas y responsabilidad.
Colombia ya ha visto de cerca lo que ocurre cuando las instituciones pierden el respeto de sus ciudadanos. Hoy, el desafío no es menor: recuperar la confianza implica actuar, no esconderse detrás de los plazos. Porque la justicia que llega tarde, en política, casi siempre llega para nada.
