La controversia sobre las ambulancias “nuevas” entregadas en Antioquia por el presidente Gustavo Petro se ha transformado en una tormenta política con repercusiones nacionales. Lo que comenzó como un anuncio oficial sobre el fortalecimiento del sistema de salud rural, pronto derivó en una cadena de desmentidos por parte de autoridades locales y departamentales, que aseguran que la supuesta entrega es en realidad una maniobra de maquillaje institucional. La pregunta que flota ahora es si el Gobierno está presentando logros ajenos como propios.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en poner en duda la veracidad del anuncio presidencial. A través de sus redes sociales, respondió con dureza: “Presidente Petro, qué penoso decirle que lo que usted presenta hoy como una gran entrega es un reencauche”. Afirmó que esas ambulancias ya estaban en funcionamiento desde 2023, que la Gobernación co financió buena parte del proyecto y que algunas de ellas están incluso en mal estado. Sus palabras encontraron eco rápidamente en varios alcaldes municipales.
Desde Jericó, Amagá y Cocorná, los mandatarios locales se sumaron al desmentido. Sebastián Garcés, alcalde de Jericó, afirmó que no se ha recibido ninguna ambulancia nueva recientemente. Wilser Darío Molina, de Amagá, sostuvo que el vehículo en mención está en uso desde el año pasado. Y David Alejandro Hoyos, de Cocorná, fue aún más tajante: “No ha llegado ninguna ambulancia en 2024; la que tenemos fue gestionada antes y con recursos del departamento”. Tres voces que elevan el volumen de la discordia entre la Casa de Nariño y la administración departamental.
La imagen publicada por el presidente Petro, que muestra ambulancias alineadas con nuevos adhesivos, ha sido analizada con lupa. Varios usuarios y periodistas notaron que muchas de ellas conservan aún el logotipo del gobierno de Aníbal Gaviria —un corazón verde—, lo que sugiere que la flota no es nueva. La escena parece más una reposición estética que una verdadera renovación del parque automotor del sector salud en Antioquia.
Más allá de los tecnicismos y los adhesivos, el caso revela una desconexión preocupante entre el discurso del Ejecutivo y la percepción en las regiones. Para los alcaldes y líderes locales, esta no es solo una diferencia de narrativas, sino un intento de capitalizar políticamente esfuerzos ajenos. En palabras del gobernador Rendón: “¿Las ambulancias son nuevas o eran un reencauche para un evento político?”. La pregunta resume el malestar creciente en una región donde la salud pública aún enfrenta enormes desafíos.
En el fondo, el episodio evidencia un fenómeno cada vez más frecuente en el país: la pugna por los réditos políticos de cada acción gubernamental. La ciudadanía, sin embargo, espera soluciones reales, no disputas públicas por la autoría de los logros. ¿Acaso importa quién entregó la ambulancia si está salva vidas? Tal vez sí, cuando el debate es entre verdad institucional y manipulación de la imagen pública.
La salud rural en Antioquia —como en buena parte del país— sigue siendo una deuda estructural. Más allá de los comunicados y las fotos oficiales, lo urgente es garantizar que los equipos médicos lleguen donde más se necesitan y que los recursos no se diluyen entre egos políticos. Una ambulancia, por vieja que sea, es vital si llega a tiempo. Pero presentarla como nueva, cuando no lo es, hiere la confianza de la gente en sus gobernantes.
La lección que deja esta polémica no es menor: la credibilidad institucional no se construye con discursos, sino con coherencia. Y en territorios donde cada peso invertido en salud puede significar una vida salvada, lo mínimo que se espera es transparencia. Porque en Antioquia, como en todo el país, la verdad —aunque incómoda— debería ser siempre la primera en llegar.
