Una nueva etapa administrativa y territorial podría estar gestándose en el oriente antioqueño. Con la aprobación de la Cámara de Representantes al concepto de oportunidad y conveniencia, el proyecto para crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás entra en su recta decisiva: la consulta popular. La Registraduría Nacional tendrá ahora 10 días hábiles para fijar la fecha de una votación que definirá si este ambicioso esquema de integración regional se convierte en realidad.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara avaló el proceso luego de comprobar que la Gobernación de Antioquia cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley 1625 de 2013. Esta norma, que rige la conformación de áreas metropolitanas, exige no solo el respaldo técnico, sino también el compromiso político y social de los municipios involucrados. Así, se afianza la intención de consolidar un nuevo nodo de desarrollo articulado en el oriente del departamento.
“Valoramos enormemente la decisión que se acaba de tomar”, expresó Eugenio Prieto Soto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. No es una frase menor. Prieto ha sido uno de los principales promotores de este proyecto, que busca articular a municipios como Rionegro, La Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral y Marinilla en una misma estructura de gobernanza regional, con capacidad para planear de manera conjunta el desarrollo urbano, ambiental y de movilidad.
Pero el entusiasmo debe medirse con realismo. El próximo paso depende de un actor crucial: el Ministerio de Hacienda, que deberá garantizar los recursos para que la consulta se realice sin contratiempos. Sin presupuesto, no hay votación posible. Este no es un trámite menor en un contexto de restricciones fiscales y tensiones presupuestarias en el nivel nacional. La voluntad política deberá estar respaldada por decisiones concretas en materia financiera.
En cuanto a los tiempos, la ley es clara: la consulta no podrá realizarse antes de tres meses ni después de cinco a partir de la expedición de la resolución por parte de la Registraduría. Esto significa que, como máximo, en octubre los ciudadanos de los municipios involucrados deberán acudir a las urnas para decidir si dan luz verde a la creación del área metropolitana. La campaña pedagógica y la participación ciudadana jugarán un papel clave.
Detrás del tecnicismo, sin embargo, se esconde una discusión más profunda: ¿qué significa volverse área metropolitana? No es solo un cambio de nomenclatura, es un pacto político y administrativo para pensar en la región. Significa asumir que los problemas de un municipio trascienden sus límites y que la única forma de enfrentarlos es coordinadamente. Transporte, uso del suelo, gestión ambiental y seguridad son solo algunos de los frentes que se beneficiarían de un enfoque metropolitano.
Pero como en todo proceso de integración, también hay resistencias. Algunos sectores temen perder autonomía o ver mermada su capacidad de decisión frente a un ente central. Otros advierten sobre el riesgo de que las promesas de cooperación terminan siendo absorbidas por los intereses del municipio más fuerte. Estas preocupaciones son legítimas y deben ser atendidas con diálogo abierto, transparencia y garantías institucionales.
Lo que está en juego no es solo una nueva figura administrativa. Es la posibilidad de construir una región más cohesionada, más planificada y más preparada para los desafíos del futuro. El Valle de San Nicolás, que ha experimentado un crecimiento acelerado y desigual, podría encontrar en esta figura una vía para ordenar su desarrollo. La decisión final la tendrán los ciudadanos. Como debe ser en una democracia que, paso a paso, también se construye desde lo local.
