La tormenta política que desató el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no cesa, y ahora suma un nuevo episodio que parece salido de un thriller judicial: acusaciones cruzadas, abogados enfrentados, y un lujoso apartamento que nadie dice tener. La protagonista esta vez es Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, quien desde su lugar de reclusión niega, con vehemencia, haber adquirido propiedad alguna en el norte de Bogotá.
Todo comenzó tras la captura del senador Iván Name, figura de alto rango del Partido Verde, señalado de participar en una red de corrupción alrededor de los millonarios recursos de la UNGRD. En medio de las estrategias de defensa, su abogado Jaime Lombana lanzó una afirmación explosiva: pidió que se investigue a Ortiz por la presunta compra de un inmueble de más de 3.000 millones de pesos. Un dato que, sin pruebas concretas, se viralizó rápidamente.
Pero la respuesta no tardó en llegar. Oswaldo Medina, abogado defensor de Ortiz, publicó un comunicado en el que desmiente rotundamente la versión de Lombana. Según Medina, no existe documento, registro o prueba legal que vincule a su clienta con el apartamento mencionado. Asegura que Sandra Ortiz ni ha sido propietaria ni tiene conocimiento alguno del supuesto bien raíz.
La controversia, sin embargo, deja entrever algo más profundo: una estrategia jurídica y mediática en la que las defensas se cruzan ataques para desviar el foco de los hechos centrales. ¿Está el país frente a una maniobra para diluir responsabilidades? ¿O simplemente ante el caos natural que ocurre cuando la política y la justicia se mezclan sin filtros?
Sandra Ortiz, al igual que otros altos funcionarios salpicados en este caso, enfrenta investigaciones delicadas. Pero su presunta implicación no debería resolverse con titulares apresurados ni con denuncias lanzadas al aire. Si hay pruebas, que hablen los jueces. Si no, las palabras se vuelven armas peligrosas que socavan la presunción de inocencia y enlodan aún más la ya deteriorada confianza pública en las instituciones.
Este episodio refleja, además, el deterioro del debate jurídico y político en Colombia. Se ha vuelto costumbre litigar en medios y redes sociales, donde la presión de la opinión reemplaza muchas veces al rigor probatorio. El resultado es una justicia más expuesta al espectáculo que a la verdad, y una ciudadanía que termina atrapada entre rumores y manipulaciones.
Más allá del apartamento —real o imaginario—, lo que está en juego es la credibilidad del Estado. El escándalo de la UNGRD ha puesto en evidencia cómo los recursos para emergencias, destinados a salvar vidas, fueron utilizados para alimentar redes clientelistas y financiar campañas. Esa es la raíz del problema. Lo demás, aunque relevante, no puede distraernos del desfalco moral que significa utilizar la tragedia ajena para hacer política.
Colombia necesita que la verdad salga a flote, sin manipulaciones ni venganzas entre abogados. Porque mientras los protagonistas del escándalo se enredan en disputas públicas, las regiones más vulnerables —esas que la UNGRD debía proteger— siguen esperando el agua, los techos y las respuestas que se les prometieron.
