En un país donde los virus no solo se propagan por vectores, sino también por declaraciones políticas, la fiebre amarilla ha encendido una nueva polémica entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario nacional, en medio de sus advertencias sobre la propagación del mosquito Aedes aegypti, insinuó que la capital del país no está exenta de riesgo, atribuyendo la posible llegada del vector a los efectos del cambio climático. Galán no tardó en responder.
El alcalde citó al subsecretario de Salud para ponerle cifras y contexto técnico a la discusión. Según la administración distrital, Bogotá no ha registrado casos de fiebre amarilla autóctonos y mantiene activas las acciones preventivas desde hace meses. La ciudad, aseguraron, sigue fuera del área de transmisión endémica, aunque los protocolos de vigilancia y vacunación están funcionando en puntos clave, especialmente para quienes viajan a zonas de riesgo.
La controversia no es menor. La afirmación del presidente sobre la eventual necesidad de declarar una emergencia económica por el brote en Tolima —y la referencia directa a Bogotá— encendió las alarmas no solo en los despachos oficiales sino también entre ciudadanos atentos a la salud pública. Más allá de los datos epidemiológicos, el fondo de la discusión parece estar en otro lado: una constante disputa por el relato, por quién tiene la razón y por cómo se perciben las gestiones territoriales frente a los desafíos del país.
Desde la Casa de Nariño, la visión es clara: el cambio climático está transformando la geografía del riesgo sanitario. “El calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito suba las montañas, pase los páramos y puede penetrar en las ciudades, incluida Bogotá”, afirmó Petro. La ciencia lo respalda parcialmente: hay evidencias de que ciertos vectores se adaptan a alturas mayores por el incremento sostenido de las temperaturas. Pero también es cierto que el vector de la fiebre amarilla sigue siendo más frecuente en climas cálidos y húmedos, y que la altitud de Bogotá aún representa una barrera natural.
La respuesta de Galán, sin embargo, no fue defensiva sino técnica. Con datos, vigilancia activa y medidas en curso, el mandatario local buscó disipar el pánico y marcar distancia de lo que considera una generalización apresurada. “No hay que confundir prevención con alarma”, pareció decir entre líneas. La ciudad, aseguró, mantiene un control riguroso de viajeros, reportes de síntomas y campañas educativas sobre la vacunación.
Esta no es la primera vez que Galán y Petro chocan en público. La tensión entre los estilos de gobierno, entre lo nacional y lo local, se ha ido intensificando desde que el actual alcalde tomó posesión. Pero lo que preocupa es que, en medio de una crisis sanitaria en el país, la discusión se desvíe hacia lo político sin fortalecer realmente los canales de coordinación entre niveles de gobierno.
Colombia, como muchos países tropicales, enfrenta un panorama epidemiológico cada vez más complejo. Los virus transmitidos por vectores —zika, chikunguña, dengue y ahora fiebre amarilla— son un desafío creciente para un sistema de salud pública que ya lidia con múltiples presiones. En ese escenario, las decisiones deben venir con sustento científico, comunicación clara y trabajo conjunto. El país no puede darse el lujo de responder a los brotes con disputas en redes sociales.
La fiebre amarilla, por ahora, no ha llegado a Bogotá. Pero la discusión que ha generado sí deja en evidencia que las epidemias no solo requieren vacunas y fumigación: también demandan liderazgo sensato, coordinación efectiva y, sobre todo, menos ruido político cuando lo que está en juego es la salud de millones.
