El nombre de Carlos Gustavo Palacino Antia volvió a resonar con fuerza en los pasillos judiciales del país. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la segunda condena en su contra, esta vez ratificando una pena de 15 años y un mes de prisión por su responsabilidad en el desfalco millonario de Saludcoop, una de las EPS más poderosas —y polémicas— que haya operado en Colombia. Junto a él, también fue condenado Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la entidad.
Los delitos por los cuales ambos exdirectivos fueron sentenciados —estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado— reviven uno de los capítulos más oscuros del sistema de salud colombiano. Según la Fiscalía, entre 2010 y 2011, se emitieron cheques por cuantiosas sumas a nombre de supuestos servicios médicos que jamás fueron prestados. En lugar de llegar a pacientes o prestadores, esos dineros fueron desviados o simplemente desaparecieron.
La ratificación del fallo llega tras una larga batalla judicial. Palacino, quien ya había sido condenado previamente en un caso similar, había apelado la nueva decisión insistiendo en su inocencia. Sin embargo, el alto tribunal no encontró mérito para revocar la sentencia y mantuvo en firme la decisión del juzgado de primera instancia, al considerar que los hechos estaban suficientemente probados y que se trató de un esquema fraudulento deliberado.
Además de la pena de prisión, el fallo establece que tanto Palacino como Sabogal deberán pagar una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A esto se suma una inhabilidad de más de siete años para ejercer funciones públicas. Es una sanción que, aunque tardía para muchos, busca enviar un mensaje sobre la responsabilidad que tienen quienes manejan recursos públicos, especialmente en sectores tan sensibles como la salud.
El caso de Saludcoop no es solo un expediente judicial. Se trata de una herida abierta en la memoria del país. Durante años, millones de colombianos padecieron las consecuencias de un sistema colapsado: citas médicas aplazadas por meses, tratamientos negados, medicamentos escasos. Todo esto mientras altos directivos se beneficiaban de manejos opacos y cuentas cuestionables.
La Fiscalía recordó que la estructura del fraude era sistemática. No se trató de errores contables ni de omisiones administrativas, sino de un entramado planificado para desviar fondos públicos. Documentos falsificados, reportes inflados, y pagos simulados fueron el pan de cada día en una entidad que llegó a recibir miles de millones de pesos del Estado para garantizar el derecho a la salud.
El caso también reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la vigilancia de las entidades prestadoras de salud. ¿Cómo fue posible que durante tanto tiempo se permitiera la operación de una EPS que, detrás de su aparente eficiencia, escondía uno de los más graves saqueos al sistema de salud en la historia del país? Las respuestas no son fáciles, pero sí urgentes.
Hoy, con la condena ratificada, se cierra otro capítulo judicial para Carlos Palacino. Pero la historia de Saludcoop sigue siendo un símbolo de cómo la corrupción puede enfermar a un país entero. Y mientras no se fortalezcan los controles, la ética pública y la transparencia en el manejo de los recursos sociales, nuevas versiones de esta tragedia seguirán escribiéndose en Colombia.
