El presidente Gustavo Petro ha decidido dar un giro radical en su estrategia política. En un movimiento que muchos interpretan como una respuesta a la creciente oposición en el Congreso, el mandatario colombiano ha anunciado la convocatoria de una consulta popular para que el pueblo decida el destino de dos de los proyectos más emblemáticos de su gobierno: la reforma laboral y la reforma a la salud. Esta decisión se toma tras el fracaso de la reforma laboral en el Senado, donde la propuesta no logró pasar a la plenaria después de que una mayoría en la Comisión Séptima votara a favor de su archivo. Un revés que podría repetirse con la reforma a la salud, cuya discusión en la Cámara de Representantes aún se encuentra en un punto crítico.
La consulta popular, aunque contemplada en la Constitución como una herramienta de participación ciudadana, enfrenta varios obstáculos. En primer lugar, la convocatoria deberá contar con la aprobación del Congreso, un paso que podría resultar desafiante dado el panorama actual de polarización política. El presidente, no obstante, parece decidido a recurrir a esta herramienta para eludir los bloqueos institucionales que considera propios de la oposición y que, a su juicio, obstaculizan su agenda de reformas. «Es el pueblo el que debe decidir», declaró Petro, apelando a la movilización popular y al concepto de democracia directa, en un claro intento por ganar respaldo fuera de los pasillos del poder legislativo.
Este llamado a la consulta popular no solo refleja la frustración de Petro con el Congreso, sino también una estrategia de presión hacia los legisladores que, desde su perspectiva, están impidiendo el avance de sus reformas. En sus intervenciones públicas, el presidente ha señalado que, si bien el Senado y la Cámara de Representantes deben tener un rol importante en la legislación, el pueblo también debe tener la última palabra en decisiones de gran trascendencia nacional. Según Petro, esta es la esencia de la democracia, y la falta de acción legislativa sería un signo de «tiranía», algo que él afirma quiere evitar a toda costa.
La convocatoria de una consulta popular plantea una serie de desafíos prácticos y políticos. En primer lugar, el proceso requiere la participación de al menos una tercera parte del censo electoral, lo que representa alrededor de 13,6 millones de votantes. La exigencia de un umbral de participación tan alto pone de manifiesto la magnitud del reto. Si bien Petro tiene una base de apoyo considerable, movilizar a una cantidad significativa de ciudadanos para que se expresen en las urnas será un desafío logístico y político de gran escala.
Además, el hecho de que el Congreso deba aprobar la convocatoria antes de que se concrete añade otra capa de complejidad al proceso. Si bien Petro ha mostrado disposición para avanzar con la consulta, el camino no será fácil, y muchos opositores ya han advertido sobre el riesgo de que este mecanismo sea utilizado como un atajo para eludir el debido proceso legislativo. En este sentido, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo parece estar lejos de llegar a su fin, y la consulta popular podría convertirse en un nuevo campo de batalla.
La consulta no solo tiene implicaciones para el futuro de las reformas laborales y de salud, sino que también podría redefinir la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en Colombia. Si la propuesta de Petro prospera, se enviaría un mensaje claro de que el presidente está dispuesto a desafiar los límites tradicionales del poder político en busca de implementar su agenda. Esto podría abrir un precedente para futuras convocatorias de consultas populares, lo que a su vez podría alterar el equilibrio de poder en el país.
Desde una perspectiva constitucional, la consulta popular representa una oportunidad para fortalecer la democracia participativa, pero también plantea preguntas sobre su posible uso como herramienta para sortear las dificultades de la política institucional. En un momento en que la polarización política es tan pronunciada, el riesgo de que la consulta se convierta en un instrumento de división es real. De ser así, podría profundizar las fracturas dentro de la sociedad colombiana, en lugar de promover un debate constructivo sobre las reformas necesarias.
Lo que está claro es que Petro ha decidido tomar un camino inédito en su lucha por sus reformas. A pesar de las críticas y los desafíos legislativos, el presidente está dispuesto a llevar su mensaje directamente al pueblo. En este sentido, su convocatoria a la consulta popular es tanto un acto de desesperación como de audacia, un intento por recobrar el control sobre la agenda política del país, y un recordatorio de que, en última instancia, las decisiones de trascendencia nacional deberían ser tomadas por la ciudadanía. Sin embargo, el desenlace de este proceso dependerá en gran medida de la respuesta del Congreso, el apoyo popular y la capacidad de Petro para movilizar a la nación en un momento crucial de su mandato.
